“Una irresponsabilidad sin ningún tipo de evidencia del presidente y el Gobierno ha puesto a todo mi personal que atendía en el servicio de alimentación de privados de la libertad a la calle”, enfatizó Villagrán.
El presidente de Lafattoria detalló que, entre dichas personas, constan 300 trabajadores de la empresa que perdieron su trabajo. Con esto, el último servicio de la firma fue la merienda en las cárceles de Guayaquil.
De acuerdo con Villagrán, a pesar de la falta de pago por parte del Gobierno, el director del SNAI, Luis Zaldumbide, les mencionó que aún cuentan con un año y medio de prestación del suministro, por lo que no cabe su salida del mercado.
“Nos dijo: No sé por qué se van, tienen que cumplir un contrato que todavía tiene un año y medio de prestación”, sostuvo.
El titular de la firma señaló que una persona debe consumir al menos 2.000 kCa al día, mientras que los privados de la libertad adquieren únicamente 800, lo que implicaría una pérdida de peso.
Por otro lado, rechazó los señalamientos en contra de la empresa en la que se la acusa de permitir el ingreso de armamento y objetos prohibidos a los centros de privación de libertad.
“Si hubieran encontrado una munición, un gramo de droga o cualquier producto, estuviera en todos los diarios del país”, precisó.
Servicio de alimentación a escuelas
Con respecto al servicio de alimentación a escuelas, Villagrán indicó que el Gobierno no solicitó el suministro a tiempo, mientras adjudicó el contrato a una empresa “sin experiencia”.
Además, denunció que en dicha firma, constan accionistas y personas vinculadas a funcionarios del Gobierno y el presidente.
