El Colegio de Abogados de Pichincha exige la nulidad total del concurso de jueces nacionales. En NotiMundo Estelar, Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, señaló que la institución no busca “lavarse las manos” en torno a los señalamientos al proceso, e insistió en que la responsabilidad de la contratación de una “empresa fantasma”, recae sobre la Dirección general y de Talento Humana del organismo.

Créditos: Consejo de la Judicatura
Créditos: Consejo de la Judicatura

En “términos normativos legales”, el Consejo de la Judicatura no tiene responsabilidad para verificar la dirección y existencia de la empresa Métricas Web, encargada de realizar la prueba de confianza en el concurso de jueces. Así lo manifestó Goyes.

Con esto, aseguró que, desde la institución, no buscan “lavarse las manos” en torno a las inobservancias para contratar a una firma catalogada como “fantasma” en su labor dentro de una fase del proceso.

Incluso, aseguró que, se ha intentado contactar con el gerente de la empresa, sin embargo, no ha recibido respuestas.

“Es más renuente. Este señor parece ser que se asustó”, dijo.

La responsabilidad de la contratación recae, nuevamente, en Salazar y Calisto

Sobre este tema, insistió en que la directora de Talento Humano, Gloria Salazar y el director general encargado, Hernán Calisto, fueron los responsables de la contratación de la empresa Métricas Web.

De su lado, Salazar respondió a varias interrogantes y aclaró que su única competencia fue elaborar los términos de referencia del proceso, más no de la adjudicación del contrato como tal.

Además, descartó, personalmente, haber tenido contacto con Métricas Web antes del 22 de julio, cuando se dio su primer acercamiento.

Sin embargo, Goyes reiteró que, dentro de la documentación, aparece el nombre de Salazar como responsable de aprobar la firma con la “empresa fantasma”.

“Me parece gravísimo que Salazar no haya sido mucho más prolija (…) Yo no digo que la Judicatura no tiene que revisar y ser estricto. Creo que he cumplido mi trabajo”, sostuvo.

La proforma no atendida

El 8 de abril, una empresa con más de 20 años en la toma de pruebas de confianza, presentó su proforma al Consejo para adjudicarse el contrato. Sin embargo, Goyes asegura que esta nunca fue puesto en conocimiento de los vocales, sino que llegó únicamente al entonces presidente, Álvaro Román.

En esta propuesta, se planteaba 1.000 evaluaciones de confianza en un costo de USD 6.198, cuando la Judicatura requería un poco más de 100 test de este tipo.

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