En NotiMundo A La Carta, el contralor Mauricio Torres, detalló que entre 400 y 900 días fueron aprobados los cuestionados exámenes de auditorías, cuando, inicialmente, estos deben estar listos en un plazo de 180 días.
Otras de las alertas surgieron en las direcciones de responsabilidades, revisión y predeterminación, donde no se remitió la documentación respectiva a los analistas para continuar el examen.
A esto, se suman auditorías mal ejecutadas, cuyas conclusiones no fueron las adecuadas. Allí, se incluye una contratación de hasta USD 12 millones de dólares, en la que no se emitieron recomendaciones, y, al repetir el examen, se determinó que los auditores cometieron errores.
“Esas equivocaciones no son gratis; tienen que responder ante la justicia”, dijo, y adelantó que dichos trabajadores ya no son parte de la institución.
Por otro lado, Torres puntualizó que los USD 4.000 millones de dólares en glosas caducadas no fueron quemados en el incendio de la Contraloría, sino que allí, se perdió documentación relacionada a investigaciones por el desvanecimiento de glosas de hasta USD 9 millones de dólares.
Pago de favores a Pólit y Celi
“Hemos desbaratado grupos que operaban desvaneciendo glosas, o con estudios jurídicos”, dijo Torres.
Explicó que, dentro de las investigaciones, se determinó que existen exservidores y exdirectivos de la Contraloría a laborar junto con estudios jurídicos para “atacar” a la institución.
“Hemos topado a personas muy poderosas dentro de la Contraloría (…) Hay gente que les debe muchos favores; son los exservidores y el grupo de confianza de Pólit, y un grupo de los de Celi”, enfatizó.
Por este hecho, Torres aseguró que la institución ha recibido ataques en redes sociales, y enfatizó que estos responden a sus revelaciones en auditorías internas.
«Hemos descubierto las cosas, y van a seguir saliendo, yo no voy a esconder nada», sostuvo.
Auditorías pendientes
Una auditoría a la barcaza de generación eléctrica y a la contratación de la empresa Métricas Web, son parte de los procesos que lleva a cabo la Contraloría actualmente.
Según Torres, el primero analiza el mecanismo de contratación de la barcaza turca para determinar si existieron los requisitos para que este sistema opere en el país, y contribuya para enfrentar el periodo de estiaje.
