Entre los posibles cambios, Berrezueta mencionó que la reducción de la jornada laboral podría salir de un acuerdo entre las partes, sin requerir la autorización del Ministerio. El pasado martes los empresarios plantearon estos dos temas en su comparecencia en la Comisión de Derecho de los Trabajadores de la Asamblea, donde pidieron un proceso sumario ágil entre las partes.
Berrezueta refirió que la verificación de la situación de la empresa podría tomar un promedio de dos semanas hasta cruzar información con las otras instituciones estatales y aseguró que, si se reduce la jornada laboral, los otros componentes salariales no se tocarán con la reforma.
Funcionarios del Ministerio del Trabajo expusieron en la Comisión que el sector más afectado por el desempleo es la pequeña y mediana empresa y que solo el 10 % de estudiantes en educación superior ha podido realizar pasantías, que más de 140 000 jóvenes entre 18 y 24 años están en el desempleo y que el porcentaje seguirá creciendo por la presencia de más jóvenes.
Por su parte, Espinosa insistió en más de una ocasión en que el proyecto de ley no pretende“tocar los recursos de cesantía”, que dijo ascendían a 5 000 millones de dólares, sino que plantea una «sustitución» por el seguro de desempleo. Richard Espinosa, presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), explicó que ocho meses después de que el trabajador quede en el desempleo se le pagaría la cesantía que acumuló, antes de que se apruebe la ley.
Sobre el futuro del proyecto, dos asambleístas que no pertenecen a la Comisión hicieron propuestas. Oswaldo Larriva (antes de AP) sugirió que se lo archive, y Patricio Donoso (CREO), que el proyecto no sea tramitado con urgencia económica. La Comisión no descarta sesionar este sábado, pues el plazo de entrega vencerá el domingo.
