Para André Benavides, abogado constitucionalista, los ajustes en el reglamento del concurso para Fiscal General tienen errores de fondo y forma.
Entre ellos, se encuentra la limitación y contradicción de no haber sido sentenciado en materia penal. Es decir que, si un profesional del derecho no cuenta con una sentencia penal en su contra, no podrá ser candidato para Fiscal.
“A ese punto del ridículo han llegado”, dijo.
Benavides también puntualizó una nueva irregularidad dentro del reglamento, esta vez, relacionada a los porcentajes de la prueba escrita. Explicó que esta es calificada con 100 puntos, sin embargo, al sumar todos sus componentes, el valor final es 90.
“Pensaba que los señores del Consejo no sabían redactar, pero me doy cuenta que no saben ni dividir, ni sumar (…) No es un tema deliberado, parece por ignorancia”, sostuvo.
Por otro lado, cuestionó el trato “discriminatorio” que parten de dichos lineamientos en los que abogados o profesionales que hayan defendido causas relacionadas al crimen organizado no podrán participar en el concurso.
Benavides recordó que, en el caso de los defensores públicos, estos no eligen las causas que llevar adelante, por lo que, tampoco podrían ser postulantes del proceso, en caso de estar al frente de un caso de este tipo.
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