Luego de que la Corte Constitucional avaló la propuesta de reforma remitida el presidente para permitir las bases militares extranjeras en el país, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, adelantó que entre hoy y mañana el Primer Mandatario enviará el proyecto a la Asamblea Nacional para iniciar su trámite. En NotiMundo Estelar, el abogado constitucionalista, José Chalco, consideró que este paso es solo el inicio para enmarcar el planteamiento en un escenario netamente político.

Créditos: El Diario

“Hay que tener serenidad del cálculo político. El procedimiento, estrictamente, no termina hoy. Ahora, empieza un profundo debate”, así inició en NotiMundo Estelar, el abogado constitucionalista, José Chalco.

Explicó que, la decisión de la Corte Constitucional permitió únicamente el trámite de la propuesta remitida por el Ejecutivo. Sin embargo, esta pasará a manos de la Asamblea Nacional, donde el presidente Daniel Noboa deberá conseguir la voluntad de las distintas bancadas.

“La Corte Constitucional cumplió su reglamento. Ahora viene una suerte de vaivenes políticos”, dijo.

Con esto, el Legislativo tendrá un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 para elaborar un informe que será enviado al Pleno para su debate en dos ocasiones, que estarán separadas por tres meses de plazo para incorporar nuevos aportes.

Chalco consideró que, si bien el planteamiento del presidente Noboa pasó el primer filtro, nada le garantiza que su propuesta sea viabilizada sin trabas. Por ello, no avizoró un panorama favorable en el que el Parlamento consiga 70 votos para dar paso al oficio del Gobierno.

“Estoy convencido que será parte de algunos acuerdos (…) muchos elementos en juego. Este será uno más”, enfatizó, en referencia a los juicios políticos en marcha, y la elección de autoridades dentro de la institución.

Inconsistencias en las declaraciones de sembríos de coca

Para Chalco, las inconsistencias en la información de 2.000 hectáreas de plantación de coca en el país, pueden calificarse como “lamentables”.

Puntualizó que los usos de recursos públicos para dar anuncios de ese tipo en cadena nacional deberían ser revisados por la Contraloría General del Estado. A estas declaraciones, las consideró como una distracción frente a la crisis eléctrica.

“Podría haber una suerte de confusión entre las urgencias del país y propias de una mesa de Gobierno”, finalizó.

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