La aprobación de la ley
Esta nueva normativa, diseñada para atraer inversión privada en el sector eléctrico, aumenta el límite de capacidad para proyectos de generación renovable desarrollados por empresas privadas, permitiendo construir plantas de hasta 100 megavatios, en comparación con el tope anterior de 10 megavatios.
Uno de los aspectos clave de esta Ley es que los proyectos privados ya no requerirán pasar por un proceso de selección, lo cual agiliza su implementación y busca reducir el déficit energético del país. Así lo detalló, Jorge Acaiturri, asambleísta del PSC.
Por su parte, Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista de ADN, detalló otros beneficios de lo aprobado por la legislatura.
Ley 2.0 no traerá soluciones inmediatas
“La ley (energética) no solucionará el feriado energético que vive el país”, dijo en NotiMundo Estelar, Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Cuestionó que, esta normativa surja en el marco de una “falta de decisión técnica y política” por parte del Gobierno.
Frente a esto, destacó una serie de puntos altos acogidos dentro de las modificaciones a la ley. Entre ellas, la promoción de la inversión privada en la generación eléctrica, y la fijación de un fideicomiso para garantizar el pago de estos proyectos por orden de prelación.
A este, se suma la facultad de Gobiernos Autónomos Descentralizados de invertir en proyectos de generación, y así, afrontar la crisis.
“No vamos a poder solventar la crisis de un plomazo. Se debe hacer inversión privada”, indicó.
Por otro lado, hizo un llamado a transparentar las cifras de lo que le cuesta al país la crisis eléctrica, y los valores de generación eléctrica provenientes de la barcaza Karpowership y los generadores en tierra.
Luna también apuntó al Gobierno debido a que, sostiene, este conocía de la gravedad de la crisis que se venía para octubre.
“El Gobierno está mal manejando el sistema eléctrico y está contaminado de corrupción”, dijo.
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