El Ejecutivo señaló que esta propuesta se basa en un “sentido de justicia” e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser prioritarios para la ciudadanía.
La iniciativa, que busca modificar los artículos 35 y 51 de la Carta Magna, será enviada a la Corte Constitucional para posteriormente ser tramitada en la Asamblea Nacional.
Para el abogado constitucionalista, Salim Zaidán, es muy probable que la propuesta no pase ni siquiera el primer filtro de la Corte, que será la encargada de emitir un dictamen de vía o procedimiento.
Explicó que este planteamiento infringe a los artículos 441 y 442 de la Constitución que impide la regresión de derechos.
“Se trata de personas vulnerables que dependen enteramente del Estado. Desprotegerlos más es una completa irresponsabilidad y es una medida absolutamente populista que se explica por la coyuntura electoral”, dijo.
Recordó que las personas privadas de la libertad son de responsabilidad exclusiva del Estado, y retirarlas del grupo prioritario las convertiría aún más vulnerables, y corresponde a una regresión de derechos. Por ello, puntualizó que esta reforma es un “distractor” que busca que la ciudadanía “caiga en el juego” del Primer Mandatario para desviar la atención de temas importantes.
Renovación Corte Constitucional
Uno de estos temas, según Zaidán, es la renovación parcial de tres jueces de la Corte Constitucional. Consideró que, comisionados y postulantes a este proceso tienen abiertas inclinaciones políticas en favor de partidos y movimientos.
“Hay que poner atención al concurso de la renovación de la Corte Constitucional. Se puede venir un nuevo reparto de tres fuerzas políticas que responden a agendas partidistas”, advirtió.
Además, cuestionó a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por “entrar en juegos políticos” del Gobierno y la oposición. Por ello hizo un llamado a depurar este tipo de organismo que, consideró, cuentan con personas “descalificadas” para ejercer sus cargos.
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