Desde el Gobierno, el presidente Daniel Noboa remitió una nueva ley urgente en materia económica para combatir el lavado de activos. El proyecto, que ingresó a la Asamblea Nacional, deberá ser aprobado por el Consejo de Administración Legislativa para iniciar su trámite en una comisión especializada y, posteriormente, se someterá a votación en el Pleno.
De acuerdo con el director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), José Julio Neira, esta normativa permitirá “quitarle oxígeno” y cortar el financiamiento del crimen organizado mediante la identificación prevención y eliminación de fuentes ilícitas.
Con esta propuesta, también se espera el fortalecimiento de la UAFE para aumentar su eficiencia frente al delito de lavado de activos. Entre sus artículos, se plantea la posibilidad de que la institución determine sus tarifas a cobrar por concepto de multas por incumplimiento de obligaciones de sujetos direccionados a reportar sus actividades.
A esta iniciativa, explicó Neira, se suma la definición de un activo virtual que permita determinar una trazabilidad de recursos, e incluir dentro de la lista de sujetos obligados a proveedores de activos virtuales. Con esto, la UAFE tendrá la facultad de requerir dicha información y hacer un análisis de inteligencia financiera.
Esto, frente al registro de USD 7.000 millones en activos entre junio del 2022 y julio del 2023, cuyo movimiento y destino es desconocido por las autoridades.
Otro de los planteamientos es el congelamiento de activos al existir apenas una presunción de lavado en un caso, en lugar del proceso tradicional que implica la participación de la Fiscalía, la actuación de los jueces y el dictamen.
Por otro lado, el proyecto de ley contempla un cambio en la reserva de reportes de operaciones sospechosas y patrimoniales. Ahora, el Gobierno busca una modificación para compartir dicha información con la Fiscalía y la Procuraduría para agilizar el proceso de extinción de dominio.
Además, se refirió al rol de la Superintendencia de Bancos y la banca privada para prevenir y combatir el lavado de activos. Neira detalló que, desde la UAFE, se emite un reporte técnico a la Superintendencia sobre la calidad de la información remitida por entidades financieras y posibles demoras en la entrega de datos adicionales.
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