En ese contexto, Romero señaló que actualmente Ecuador vive un repunte de muertes violentas, lo que representa un aumento significativo de la violencia e inseguridad. Añadió , que en 2023 se registraron alrededor de 8,200 homicidios intencionales, y este año se ha registrado la mitad de esa cifra, pero no deja de ser el segundo año más violento en la historia del país.
Según la investigadora de la OSCD, la violencia política y electoral tiene un impacto a corto plazo, como el retiro de candidaturas o la suspensión de campañas políticas; y a largo plazo, tiene un impacto negativo en la consolidación de la democracia, afectando la libertad de expresión y la competencia entre candidaturas.
Además, explicó que los más expuestos a la violencia son las candidaturas y figuras políticas de nivel local en los territorios que tienen mayor índice de violencia.
Destacó que las ciudades como Esmeraldas, Guayaquil y Manabí, son las provincias más afectadas por este fenómeno. A su criterio, este patrón puede indicar que el crimen organizado busca consolidar influencia en las administraciones locales.
Finalmente, enfatizó que para enfrentar esta problemática se requiere que varias instituciones se involucren, así como las instituciones electorales tienen que desarrollar protocolos específicos de seguridad para las candidaturas en los niveles de riesgo en su localidad.
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