El denominado ‘apagón industrial’ desde el 15 hasta el 30 de diciembre, es la medida más reciente del Gobierno, pese a la promesa del presidente Daniel Noboa de terminar con los racionamientos eléctricos el 20 de diciembre.
La decisión generó reacciones de varios sectores, por lo que la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, aclaró que esta medida regirá únicamente para 7 empresas, relacionadas al ámbito minero, acerero y cementero. Mientras tanto, el resto de firmas mantendrán su horario de cortes asignado anteriormente.
De acuerdo con el experto económico, Alberto Acosta Burneo, está acción paralizaría las grandes industrias del país. Esto, al considerar que la minería es, según dijo, el cuarto rubro de exportación más alto con valores de hasta USD 3.000 millones.
«Esta decisión tendrá un impacto y un coletazo en toda la economía», sostuvo.
Acosta Burneo señaló que un apagón en el sector industrial afectará en gran medida a la cadena comercial y a largo plazo, será contraproducente. Por ello, exhortó al Gobierno a adoptar medidas que permitan enfrentar la crisis energética de manera estructural.
Una de ellas, según dijo, es abrir el campo a la inversión privada en la generación transmisión y distribución de energía. Precisó que el mal manejo de recursos por parte del Estado no ha permitido brindar soluciones a largo plazo, mientras el sector energético se ha «estancado» en un modelo «estatista».
«No se necesitan parches. No leyes no más apagones 1.0 y 2.0. Necesitamos cambios estructurales», manifestó.
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