El 13 de diciembre, la Contraloría General del Estado inició un examen especial a los dos contratos con la empresa Progen para la instalación de 29 generadores de energía que se incorporarán en Quevedo y Salitral. El periodo de análisis por parte de la institución se realizará hasta el 12 de diciembre del año en curso.
A este análisis, se suma el examen a otro contrato, esta vez suscrito con la empresa ATM para la venta de generadores termoeléctricos que se instalarán en Esmeraldas. De acuerdo con el contralor, Mauricio Torres, estos procesos se abrieron debido a indicios que demuestran la necesidad de ejecutar un análisis para descartar omi probar estas situaciones.
La intervención de la Contraloría surge luego de que desde distintos sectores se denunció un supuesto incumplimiento por parte de Progen que, hasta el momento, ha sido sancionada con USD 900 mil por parte del Gobierno. El contralor recordó que la facultad de la institución para actuar es posterior a la suscripción de contratos, sin embargo, también tienen la capacidad de asesorar a las partes para evitar errores, en caso que así lo soliciten.
Torres precisó que la declaratoria de emergencia únicamente acelera la contratación de bienes y servicios, más no exime a las partes de cumplir con requisitos y exigencias. Además, aclaró que, en este caso, los informes de pertinencia, a los que consideró “no muy técnicos”, no deben ejecutarse de manera obligatoria.
Otros exámenes en curso
80 mil cocinas de inducción que permanecían en bodegas desde el 2014, serán entregadas de manera gratuita a sectores más necesitados, según señaló la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira. La decisión surgió luego de un convenio firmado con la Corporación Nacional de Electricidad en el que se recuerda que dichos equipos fueron pagados en su totalidad por parte del Estado.
Sobre este tema, el Contralor señaló que se arrancó la verificación preliminar del examen para determinar posibles irregularidades en este proceso.
Por otro lado, anticipó que, en los primeros días de enero, se iniciaría una etapa similar a los dos pedidos realizados por nueve concejales de Quito y el alcalde Pabel Muñoz, sobre la fiscalización a los recursos destinados para las fiestas de la capital.
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