Al año y un mes de su gestión, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, destacó la importancia de depurar la institución a la interna. En este proceso, ciertos funcionarios fueron separados, otros renunciaron y algunos fueron reasignados a otras áreas «menos sensibles», mientras se resuelve el sumario administrativo en su contra.
Se trata de funcionarios que pedían dinero a cambio de desvanecer glosas y trabajaban de manera particular con estudios jurídicos. Torres señaló que, en algunos casos, dichos trabajadores no han sido separados debido a que laboran con nombramiento, y la ley impide su desvinculación.
Por otro lado, Torres resaltó que a lo largo del año, se han realizado 1.200 informes de auditoría. De estos, 9.700 determinaron responsabilidad administrativa por USD 16.6 millones; 1.000 con responsabilidad civil (glosas) por USD 146 millones y 302 con responsabilidad penal.
Con esto, precisó que alrededor de USD 160 millones se determinaron en todos los informes realizados.
Además destacó los puntos restantes por parte de la Contraloría, como lo son la realización de auditorías forenses e informáticas que, deberían incorporarse al sistema nacional desde el 29 julio del 2025.
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