El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de obstrucción a la justicia en el caso denominado "Independencia Judicial. En una entrevista en NotiMundo Estelar, Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, señaló que esta sentencia evidencia cómo el Consejo de la Judicatura ha desnaturalizado su función disciplinaria.

Créditos: El Universo

Macías afirmó que este mecanismo, más que ser una herramienta para garantizar la justicia, ha sido utilizado para torcerla con fines propios, como el control de procesos jurisdiccionales tanto en el ámbito constitucional como en la justicia ordinaria. Esto, según él, atenta contra la seguridad jurídica y la independencia judicial.

El exjuez explicó que cuando se desnaturaliza el control disciplinario, se pierde su propósito original: el de garantizar la transparencia y la responsabilidad de los jueces. En su lugar, se convierte en un medio para presionar a los jueces y manipular decisiones judiciales, creando una estructura de poder que favorece intereses particulares y no el debido proceso.

Asimismo, sugirió que, como solución inmediata ante un Consejo de la Judicatura que va por mal camino, se podría realizar una reforma constitucional para limitar su poder sobre los jueces, entre otras medidas. Además, mencionó que, como solución a corto plazo, y con las ternas para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura a la vista, ninguno de los actuales miembros debería estar presente en las mismas.

Macías señaló que el actual Consejo de la Judicatura tiene una deuda con la función judicial y, a su criterio, es urgente realizar una evaluación integral del sistema judicial. Según él, esta evaluación permitiría determinar si los administradores de justicia están actuando dentro de su competencia, lo que podría facilitar la reestructuración de la función judicial si fuera necesario.

Finalmente, Macías señaló que, con esta sentencia, cualquier Consejo de la Judicatura que intente vulnerar la independencia judicial o intervenir en la actuación de jueces a través del control disciplinario, con el fin de obtener beneficios o intereses propios, debe ser denunciado.

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