La Contraloría identificó un perjuicio económico en el Instituto de Seguridad Social de la Policía de USD 8.9 millones por la contratación del servicio de asesoría legal y patrocinio. En NotiMundo Estelar, Juan Carlos Rueda, exdirector del ISSPOL, señaló que este proceso evidencia un nuevo golpe a la institución, que ya registró un desfalco de casi USD 1.000 millones.

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Créditos: El Universo

De acuerdo con el examen especial, realizado entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de junio del 2024, el contratista no entregó los productos conforme a lo estipulado, y no presentó la documentación de respaldo de gestiones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Banco Central del Ecuador y otras entidades, para la reasignación de cuentas y corrección del registro contable de los títulos valores.

El Ministerio del Interior y el Alto Mando de la Policía insistirán en la extradición de Jorge Chérrez, implicado en la trama de corrupción del caso ISSPOL. A través de un comunicado, ambas instituciones indicaron que colaborarán con los entes de control y justicia para evitar que el perjuicio patrimonial quede en la impunidad, así como las responsabilidades determinadas por la Contraloría General del Estado.

El millonario desfalco

Entre el 2014 y 2019, se consumó un desfalco de USD 900 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). De acuerdo con Juan Carlos Rueda, exdirector de la institución, señaló que este monto representa el 60% del patrimonio de la entidad para cubrir seguros de cesantía, salud, entre otros rubros.

De esta cifra, se han recuperado al menos USD 300 millones, sin embargo, Rueda recordó que, durante su gestión, no existió el apoyo de la Superintendencia de Bancos, de Compañías y la misma Contraloría General del Estado, entonces Liderada por Pablo Celi.

Señaló que, en el proceso de recuperación de los montos de perjuicio, el actual titular del ISSPOL, Juan Javier Silva, debía viajar a Guatemala para conseguir USD 35 millones relacionados al desfalco a la entidad. Algo que, según Rueda, requería un permiso del Gobierno y fue negado por el viceministro del Interior, Lyonel Calderón.

«Hay un evidente conflicto de intereses», advirtió.

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