Desde Mario Godoy en la Presidencia y Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merck Benavides en las vocalías, el Consejo de la Judicatura está integrado por funcionarios suplentes. Esto, tras el fallido organismo compuesto por Wilman Terán, Xavier Muñoz, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo.
En este escenario, desde este jueves 30 de enero, todos se prorrogarán en sus cargos, ante la culminación de su periodo el miércoles 29 de enero. La extensión en sus funciones es incierta, pues desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aún no arranca el proceso de designación de los reemplazos en la Judicatura.
Es decir, mientras no existan autoridades renovadas, el Consejo seguirá a cargo de Godoy, Yupangui, Goyes y Benavides, quienes organizaron el segundo concurso de jueces que fue declarado nulo por irregularidades en la fase de méritos y oposición, además de la etapa de las pruebas de confianza.
Y es que, desde el CPCCS, sus funcionarios enfrentan también sus propias fricciones. Tras el ascenso de Eduardo Franco Loor en su cargo como consejero, la ‘Liga Azul’ alcanzó la mayoría en el Pleno. Fue en una sola sesión cuando removieron a Johanna Verdezoto de la Vicepresidencia, designaron a Yadira Saltos; echaron abajo la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos y restituyeron a Raúl González en el puesto.
Sin embargo, esta decisión entró en seguimiento por la Corte Constitucional, algo que obligó a la ‘Liga Azul’ a dar marcha atrás en su resolución y reconocer nuevamente a Roberto Romero como Superintendente de Bancos.
Para la abogada penalista, Marcela Estrella, el retraso en la designación de autoridades responde a irregularidades en las instituciones encargadas de los concursos o, a su vez, cambios en los integrantes del Pleno. No obstante, consideró que la renovación de autoridades confluye a una sola dirección: se acerca el proceso electoral.
Precisó que, los inconvenientes registrados en el CPCCS y la Judicatura durante los últimos días avizoran la posibilidad de que existan acuerdos entre los miembros de dichas instituciones, y no cuentan con “agendas aisladas”.
“El Consejo de la Judicatura se va a prorrogar. Por más que nos guste o no nos guste, el presidente y sus miembros, es lo que tenemos. Es lo que el sistema nos puede ofrecer”, dijo.
Un criterio similar compartió Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, quien resaltó la falta de institucionalidad evidenciada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Cuestionó que, pese a que el CPCCS se mostró como una entidad apartidista, esta se ha tornado en un organismo político.
Criticó, además, que estas fricciones no avizoren el tiempo por el que se prorrogarán en funciones los actuales vocales de la Judicatura. Incluso, recordó que, un caso similar podría ocurrir con la fiscal General del Estado, quien también está próxima a culminar su periodo.
“El CPCCS no puede sostenerse más”
Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Hernán Ulloa hasta el de la ‘Liga Azul’, la institución ha estado envuelta en polémicas que empañaron el proceso de designación de las máximas autoridades de control. Por ello, según Marcela Estrella, la entidad debería desaparecer.
“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede sostenerse más para el Ecuador”, dijo.
Por su parte, Paúl Ocaña consideró que, si bien el retraso en la designación de los vocales de la Judicatura es responsabilidad del CPCCS, la Judicatura debería asumir su responsabilidad y elaborar el reglamento del concurso para el próximo concurso de jueces, ante la nulidad de dos procesos anteriores en 2024.
Además, insistió en la importancia en que, desde el Consejo, se acepten las sugerencias de la academia para evitar que el reglamento contenga vacíos legales.
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