‘Caso Ligados’, así bautizó la Fiscalía a una investigación por presunta usurpación de funciones e irrespeto a una decisión legítima de autoridad competente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado en su mayoría por la ‘Liga Azul’.
La polémica en torno a los consejeros Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos surgió luego de que restituyeron a Raúl González como Superintendente de Bancos, y desconocieron la designación de Roberto Romero en el cargo. Sin embargo, fueron sus propios votos los que en sesión extraordinaria anularon dicha decisión y reconocieron nuevamente a Romero como titular de la Superintendencia.
Durante los allanamientos, se mostró cómo el consejero Augusto Verduga forcejeó con la fiscal a cargo del caso para evitar entregar su celular. La grabación duró alrededor de un minuto, cuando las autoridades cerraron las puertas del despacho de Verduga y se restringió el acceso a la prensa.
Fue el mismo Verduga quien luego de los escándalos se acogió a su periodo de vacaciones hasta el 12 de febrero. Mientras tanto, se conoce que salió del país vía terrestre hacia Colombia.
De acuerdo con su abogado, Vladimir Porojnia, Verduga está en su derecho de acceder a una vacancia, algo que, según dijo, desconoce si lo solicitó debido al impacto de los allanamientos en el caso ‘Ligados’. De hecho, fue el propio consejero quien le preguntó si puede pedir vacaciones y salir del país. Frente a esto, su respuesta fue afirmativa, debido a que el caso aún se mantiene en investigación previa.
Por ello, la recomendación de su defensa es que retorne el 12 de febrero a ejercer sus funciones, a menos de que existan “irregularidades”, donde se “hostilice” al sistema penal o sus actuaciones sean selectivas. En ese caso, su sugerencia sería que se mantenga fuera del país.
“Si fuera el caso y no solo al consejero, sino a cualquier persona (…) si se está violando la ley descaradamente, ¿qué garantía va a tener de un proceso justo?”, cuestionó.
“Irregularidades” en el proceso
Para el abogado de Augusto Verduga, la fiscal Mayra Soria incumplió el debido proceso al momento de realizar los allanamientos. Esto debido a que, según dijo, no presentó a los implicados la orden para ejecutar la intervención. A esto se suma el presunto irrespeto a la reserva judicial suscrita por la jueza Daniella Camacho.
Porojnia cuestionó que, desde la Fiscalía, se permitió el ingreso de la prensa para captar los allanamientos en video. Algo que, insistió, debía impedirse por parte de las autoridades a cargo del caso. Por ello, apuntó a la institución por su “falta de objetividad” en la investigación.
“Esto ya no se vuelve un tema jurídico-penal, sino más bien político. Lo que utilizaron es una cortina de humo para hacer un allanamiento en el que no tiene nada que ver el celular”, sentenció.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa
