Pinto destacó que la militarización de puertos y fronteras no es una estrategia nueva en la región, ya que muchos países adoptaron medidas similares durante la pandemia. Según él, no hay una amenaza tangible que justifique esta decisión y reiteró que la medida tiene más bien un trasfondo político.
A pesar de los esfuerzos por cerrar las fronteras, explicó que los grupos criminales continúan buscando nuevos pasos ilegales, ya que no es posible tener un control absoluto de todos los puntos estratégicos. Agregó que las operaciones criminales siguen su curso, independientemente de la militarización.
Asimismo, señaló que los organizaciones criminales han incrementado su influencia en el proceso electoral en Ecuador, creando un entorno de riesgo que afecta a los candidatos y a la política en general. Estos grupos, explicó, buscan ejercer control sobre ciertas áreas del país.
En este contexto, enfatizó que la rentabilidad del narcotráfico es tan alta que los carteles pueden sobornar a funcionarios públicos sin que sus operaciones sufran un gran impacto financiero.
Finalmente, Pinto advirtió que el aumento de la violencia en Ecuador podría obligar al gobierno a negociar con grupos criminales, tal como ocurre en otros países de la región.
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