Desde el 2012, la organización Transparencia Internacional recopiló información de 180 países para determinar el índice de percepción de corrupción en cada uno de ellos. Para esto, se basó a su vez en otros indicadores como el de Estado de Derecho, la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, entre otros.
Con estos resultados y hasta la fecha, Ecuador ocupa el puesto 121 de 180 de los países que muestran una mayor percepción de corrupción. A esto, se suma su calificación de 32/100 en materia de transparencia, algo que, según Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, representa un escenario preocupante para el país.
“Hasta la fecha, es la peor calificación que ha recibido el Estado ecuatoriano”, dijo.
Explicó que, en este indicador, no se consideran únicamente irregularidades dentro del Ejecutivo, sino también dentro del sistema de administración de justicia, la Asamblea Nacional, y todas las instituciones que conforman las funciones del Estado.
Por ello, precisó que los casos Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla y demás, tuvieron una amplia influencia dentro de la puntuación del país con respecto a la percepción de la corrupción. Además, consideró que otro de los factores que incidió en dicho indicador fue el fallido intento del Consejo de la Judicatura por designar a jueces y conjueces nacionales en dos concursos que fueron declarados nulos en su totalidad.
De acuerdo con Espinel, a estos aspectos, se suma la falta de implementación de mecanismos para prevenir la corrupción desde los distintos poderes del Estado. Uno de ellos, podría ser, según dijo, las declaraciones de conflictos de intereses para garantizar que las resoluciones de jueces y autoridades ocurran en apego al derecho y no a intereses particulares.
Falta de transparencia binomios presidenciales
Mauricio Espinel detalló que, desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se ha realizado un seguimiento a los reportes de ingresos y gastos de campaña de las organizaciones políticas. Algo que, hasta el momento, ninguno de los 16 binomios ha cumplido a cabalidad.
Espinel recordó que cada movimiento o partido está obligado a presentar un informe quincenal y presentar un presupuesto de su campaña, sin embargo, consideró que una de las razones para que las organizaciones no cumplan con esta disposición recae en el Código de la Democracia.
En este, se establece que los partidos cuentan con 90 días adicionales luego de la campaña para presentar un informe final de gastos e ingresos, y podrán subsanar cualquier error en la declaración en un plazo de hasta dos años. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá auditar dichos fondos, y posteriormente, aprobar sus resoluciones en Pleno.
“Si la entidad de control que es el CNE, UAFE, Fiscalía y Contraloría no están vigilando que las organizaciones políticas presenten sus reportes, ¿qué esperamos? Quien debe cambiar esto es la Asamblea Nacional, a través del Código de la Democracia”, enfatizó.
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