Llerena explicó que la «re-exclusión» financiera se refiere a aquellos individuos que, aunque previamente habían sido incluidos en el sistema financiero formal, perdieron el acceso a los beneficios debido a su situación crediticia.
Entre 2019 y 2024, 1.1 millones de nuevos clientes ingresaron al sector financiero formal. Sin embargo, 363.000 personas fueron «re-excluidas» al caer en cartera castigada o en demanda judicial, lo que les impidió acceder a nuevos productos financieros.
La directora también indicó que, después de la pandemia, la situación económica no mejoró, lo que llevó a muchas personas a adquirir deudas. Debido a problemas como la crisis energética y la inseguridad, no han podido cumplir con los pagos, lo que ha empeorado su situación financiera.
Llerena destacó que las provincias con mayor número de personas «re-excluidas» son Guayas, Pichincha y Manabí, que concentran casi el 60% de los casos de «re-exclusión» financiera. En Guayas, el 33% de los individuos que acceden al sistema financiero terminan siendo «re-excluidos», seguida de Manabí, con un 27%, mientras que en Pichincha llega al 22%.
Además, Llerena mencionó que los jóvenes menores de 25 años son el grupo con menos acceso al financiamiento, experimentando un aumento notable en los niveles de reexclusión financiera. Enfatizó que este sector, al encontrarse en las etapas iniciales de su ciclo financiero, corre el riesgo de ver limitadas sus oportunidades de desarrollo y participación en actividades productivas, lo que los lleva a caer en la informalidad.
Finalmente, la directora de la RFD subrayó la necesidad de fortalecer las entidades financieras, mejorar las metodologías crediticias y evaluar de manera más precisa la capacidad de pago de los deudores, así como otorgar créditos de manera responsable. Recalcó que este es un esfuerzo conjunto que debe involucrar a la población, promoviendo la educación financiera.
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