Eliminar el financiamiento del Estado a partidos y movimientos políticos es el análisis de los efectos y no de las causas de la decadencia de organizaciones, consideró el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas. Señaló que, para llegar a este punto, fue el Consejo Nacional Electoral el que permitió la creación de movimientos con firmas falsificadas.
A esto, se suma la falta de control del organismo electoral acerca de las escuelas de capacitación y formación de cuadros. Algo que, según dijo, debería ser determinante al momento de definir la permanencia de partidos o movimientos.
Enfatizó en que estas organizaciones sin estructura, afiliados y base, se prestan en elecciones o auspician la candidatura de postulantes que por “vanidad” buscan llegar al poder.
Un criterio similar compartió Lucía Posso, asambleísta por AVANZA y presidenta de la Comisión ocasional encargada de tramitar la propuesta del Ejecutivo. Reconoció que, a lo largo de los años, las organizaciones políticas han fracasado formando cuadros y líderes, y un ejemplo de aquello es su propio movimiento.
Posso cuestionó que desde la dirigencia nacional de la organización no haya existido un consenso para elegir al excandidato presidencial, Luis Felipe Tillería, quien corrió en las elecciones generales del 2025. Lamentó además que, exista una total debilidad en la estructura de esta y otras tiendas políticas. Algo que, según dijo, debería ser un “jalón de orejas” para entidades de control.
“AVANZA nació como una esperanza, y ahora, tiene sus propios sepultureros”, dijo, al referirse a la dirigencia nacional del movimiento, presidida por Javier Orti.
Reforzar controles de organizaciones políticas
Ante “estructuras dinamitadas” a nivel político, Lucía Posso, destacó la importancia de reforzar los controles, ya sea de gasto electoral o de todo tipo por parte de entidades electorales. Esto para, según dijo, levantar alertas que puedan derivar en responsabilidades.
Para Medardo Oleas, una opción sería regular el número de afiliados dentro de una organización política para garantizar el respeto al consenso alcanzado entre ellos, quienes son los encargados de designar a sus dirigentes. Esto, con la finalidad de evitar que los partidos y movimientos sean “de alquiler”.
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