Zaidán explicó que la Corte validó parcialmente el Decreto 493, reconociendo la causal de grave conmoción interna, pero no la de conflicto armado interno. Según su análisis, esto implica que, aunque se admite la gravedad de la situación, no se puede clasificar como un conflicto armado, lo que restringe ciertas medidas gubernamentales.
El abogado también destacó que la Corte aplicó un test de proporcionalidad, concluyendo que el medio propuesto por el presidente no es el más adecuado para lograr el objetivo planteado. Además, señaló que la movilización de las Fuerzas Armadas no requiere un decreto de estado de excepción, ya que puede ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Zaidán subrayó que la violencia y el crimen organizado son impulsados por mafias que buscan socavar la autoridad del Estado. En este contexto, destacó la importancia de la cooperación internacional para hacer frente al crimen organizado, ya que estas organizaciones operan a nivel transnacional, lo que hace que la colaboración entre países sea fundamental para abordar eficazmente el problema.
🔊»La colaboración con otros países es esencial para enfrentar al crimen organizado», enfatizó en #NotiMundoEstelar @SalimZaidan, abogado constitucionalista.
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— NotiMundo (@notimundoec) March 6, 2025
En cuanto a las soluciones, Zaidán insistió en que es esencial abordar las causas sociales de la criminalidad, como la pobreza, la falta de educación y las limitadas oportunidades, en lugar de recurrir únicamente a la represión.
Por su parte, Carlos Blanco explicó que el aumento de la violencia se debe a las mafias que intentan recuperar los territorios perdidos a raíz de las acciones gubernamentales contra el crimen organizado.
Blanco también destacó que los estados de excepción son herramientas necesarias para enfrentar la violencia y el crimen en el contexto actual de Ecuador. Sin estas medidas, advirtió, el estado no podría hacer frente adecuadamente a la amenaza que representan las organizaciones criminales.
El Coronel subrayó la necesidad de un cambio constitucional para permitir que el gobierno actúe de manera más ágil y efectiva para proteger a los ciudadanos. Aseguró que la estructura legal vigente limita la capacidad de respuesta del gobierno ante situaciones de crisis.
Por último, Blanco enfatizó que la seguridad es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, resaltando la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia. Añadió que la falta de seguridad no solo afecta a las personas, sino que también impacta negativamente en la economía del país, ya que la inversión se ve afectada por la percepción de riesgo.
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