El campo Sacha no puede ni debe concesionarse, manifestó el consultor petrolero, Luis Calero. Enfatizó que, desde el punto de vista jurídico y legal, la delegación de actividades a un consorcio extranjero no es posible, debido a una prohibición estipulada en la Constitución. Se trata de un cuerpo legal que impide la concesión de sectores estratégicos y servicios públicos a empresas extranjeras.
A esto, se suma otra restricción en cuanto al pago de la denominada prima de entrada al momento de la concesión de campos de operación. Calero cuestionó que los USD 1.500 millones correspondientes al adelanto serían una especie de “crédito simulado” que deberá pagarse a través de la participación del consorcio en la producción del campo Sacha.
“En materia petrolera y en ningún negocio existen almuerzos gratis”, enfatizó.
De acuerdo con el científico y ambientalista, Inty Grønneberg, otro de los cuestionamientos que surgen en torno a la concesión del campo Sacha es las empresas que conforman el consorcio del contrato. Indicó que una de las firmas involucradas es New Stratus Energy, la cual en Canadá presenta un estatus financiero de USD 100 mil en el banco y registra pérdidas millonarias. A esta insolvencia financiera, precisó, se suma la falta de experiencia probada de la empresa para manejar un campo petrolero de la magnitud de Sacha.
Consideró que la “maniobra” que busca el consorcio es sacar el contrato a su favor y, en función de eso, conseguir los mecanismos de financiamiento necesarios para, a través de una mezcla entre deuda y acciones propias de New Stratus Energy, se cumplan los términos con el Estado ecuatoriano.
“Se debe exigir, primero, licitaciones abiertas y transparentes; y segundo, que las empresas que vayan a participar tengan experiencia probada y el capital suficiente para hacer el trabajo que necesitamos como país”, sostuvo.
Grønneberg recordó que los inconvenientes con socios de una de las empresas que integran el consorcio en otros países datan de años atrás. Un ejemplo de aquello es Colombia. Allí, se presentaron problemas con un campo de similar tamaño al de Sacha y, posteriormente, fue el Estado el que debió recuperar la producción.
Otro caso en Ecuador es un antecedente registrado en el bloque del Yasuní ITT, cuando una de las firmas compró las acciones de Repsol y finalmente fue el Estado ecuatoriano se quedó con los bloques 16 y 19, ante una falta de capacidad financiera de la empresa para sostener el proyecto.
No “satanizar” alianzas público-privadas, pero sí garantizar su transparencia
“No podemos satanizar modelos”, dijo Inty Grønneberg, al considerar que el país requiere de alianzas público-privadas con mejores diseños y planificaciones.
Enfatizó en que, desde el Gobierno y otros actores, se debería “desconectar” la concesión del campo Sacha del debate político electoral, y debería verse a este como una oportunidad del Estado para llevar a cabo un proceso de negociación ejemplo para entablar relaciones con privados. Algo que, hasta el momento, dijo, no se ha evidenciado.
“Es un infantilismo pensar que los de izquierda defienden lo público y los de derecha lo privado”, puntualizó.
Por su parte, Luis Calero reconoció que no debería existir una polarización en torno a la delegación de actividades petroleras en Sacha, sino que deberían plantearse soluciones para evitar afectaciones en la economía nacional. Esto, debido a que, según dijo, más del 52% de la producción petrolera viene de empresas privadas, y de esta, depende gran parte de la demanda energética del país.
Calero consideró que una concesión fallida de Sacha derivaría en una pérdida de 80 mil barriles diarios, a lo que deben sumarse los 50 mil barriles diarios que se producen en el Bloque 43 del ITT. A esta caída en la producción la calificó como una eventual “debacle” para el país desde el punto de vista económico. Por ello, insistió en que al ser Sacha el campo más productivo a nivel petrolero, debería ser Petroecuador el que sostenga su administración.
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