El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Penal con el objetivo de prevenir y sancionar las dilaciones del sistema procesal. El proyecto, bautizado por el Ejecutivo como “Ley Talón de Aquiles”, plantea una penalización para abogados y otras partes procesales que interfieran en el curso y desarrollo de diligencias para evitar o diferir su instalación. Así lo manifestó el ministro José De La Gasca.
El proyecto ley ‘Talón de Aquiles’ dispone, entre otras cosas, que, en un plazo no mayor a 3 meses, el Consejo de la Judicatura emita un reglamento gestionar la imposición de sanciones a abogados infractores que incurran en una “mala fe procesal” dentro de los juicios. Además, la misma institución deberá implementar una herramienta informática donde deberá constar el nombre y apellido de los juristas suspendidos en su cargo. Para implementar esta otra disposición, la Judicatura contaría con un plazo de 6 meses.
Para el exjuez provincial, Jhon Álava, la propuesta del Ejecutivo ataca uno de los puntos más conflictivos dentro del sistema judicial: el abuso del derecho. Consideró que la iniciativa ocurre de manera oportuna para sancionar la “mala fe” procesal de profesionales del derecho. Sin embargo, indicó que en torno a la forma y contenido del proyecto surgen varias dudas.
Una de ellas, será la potestad excesiva que se otorgará al Consejo de la Judicatura para abrir sumarios disciplinarios a abogados, casi de manera “arbitraria”. Precisó que existiría incluso un riesgo para aquellos juristas que por sus fraccionadas relaciones con el Gobierno, puedan ser objeto de procesos administrativos.
Un criterio similar compartió el abogado penalista, Julio César Cueva, quien reconoció la existencia de un abuso de derecho y deslealtad procesal por parte de ciertos colegas. Su preocupación en torno a este proyecto es similar a la de Álava: que el abuso de derecho se convierta en un extrema de sanción injustificada.
En ese caso, consideró, “el remedio sería peor que la enfermedad”. No obstante, insistió en que, de existir juristas que contravengan la ley y actúen con mala fe procesal de manera reiterada, deberían enfrentar incluso suspensiones temporales en el ejercicio de su cargo.
Una ‘ley con dedicatoria’
Que la ‘Ley Talón de Aquiles’ parece tener dedicatoria fue la interpretación de Julio César Cueva, en referencia a la riña entre el Ejecutivo y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A su criterio, partiendo del nombre del proyecto, el Gobierno zanja ya una postura política en una ley que debería aplicarse para todos por igual. A esto, dijo, se suma un Consejo de la Judicatura que por sí solo no se abastece con los trámites administrativos que tiene a su cargo. Además, insistió en que, desde su inicio, la Judicatura se ha convertido en un actor político, antes que técnico.
“Esto debe ser hecho de forma seria que convenga, que no tenga sectarismo, ni intenciones ocultas”, dijo.
Para el exjuez Álava, la normativa ha sido planteada desde una perspectiva “infantilista” y de confrontación política. Agregó que, de por sí, el Estado cuenta ya con muchas leyes que deben únicamente ser aplicadas de manera correcta, en lugar de proponer más cuerpos legales.
Precisó que, en caso de que la propuesta se viabilice, el Consejo de la Judicatura debería posicionar en las direcciones provinciales a personas especialistas en Derecho Administrativo Sancionatorio, con el fin de gestionar de manera ágil los trámites en curso.
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