Alembert Vera, el presidente destituido del CPCCS que chateó con Augusto Verduga
Los chats de Augusto Verduga continúan revelando la operación de la ‘Liga Azul’ para incidir en los procesos de designación de autoridades dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En una conversación entre Verduga y el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, se refleja su injerencia para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.
Vera le pidió a Verduga suspender su permiso de paternidad para participar en la votación del Pleno, algo que no fue concretado y Dunia Martínez fue designada como titular de la Judicatura. Sin embargo, días más tarde, el exconsejero Verduga regresó a sus funciones y con los votos del resto de la ‘Liga Azul’, se nombró a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.
Otra de las conversaciones mantenidas entre Augusto Verduga y Alembert Vera se centra en el posicionamiento de nuevos nombres afines en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, antes de ratificarse la destitución de la ‘Liga Azul’.
Vera le advirtió a Verduga la posibilidad de que se principalicen “Oscar Ayerve y compañía”, según manifestó, e insistió en que debería presionarse para que Hugo España ingrese al Consejo. Sin embargo, dicha planificación no prosperó, debido a que los cuatro consejeros fueron destituidos.
El CPCCS es una “víctima”
Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su coordinador jurídico, Santiago Peñaherrera, indicó que se han brindado todas las facilidades para el curso de la investigación. De esta forma, se entregaron audios, resoluciones y registros de las sesiones del Pleno correspondientes al 22 de enero, en la que desconocieron la designación de Roberto Romero y designaron a Raúl González. Además, se remitió información de una nueva sesión convocada para el 27 de ese mismo mes, en la que la ‘Liga Azul’ reculó en su decisión.
Peñaherrera informó que la institución estuvo presente en la audiencia de extracción de información y en la diligencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros y la actual consejera, Nicole Bonifaz.
El coordinador jurídico adelantó que las revelaciones del caso Ligados podría derivar en otros procesos penales por las causales de incumplimiento de disposición legítima de autoridad competente, usurpación de funciones, e incluso, tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias.
Esto, debido a que, habría existido un acuerdo previo para no cumplir con la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos y favorecer Raúl González.
Para Peñaherrera, el escándalo que envuelve nuevamente al CPCCS afecta de manera “elevada” y “grave” a la credibilidad de la institución y los procesos de designación de autoridades. Esto, pese a que, según dijo, la disposición del presidente Andrés Fantoni es que la Contraloría examine los procesos de selección.
“En este proceso penal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una víctima (…) lo que corresponde hoy como institución, es garantizar que todas las designaciones son apegadas al derecho”, dijo.
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