28 puntos mineros se registran, de momento, a lo largo del río Jatunyacu, en la provincia de Napo, según el activista y defensor de la nacionalidad Kichwa, Leonardo Cerda. El panorama en la provincia, dijo, evidencia las afectaciones en ríos, ecosistemas y distintas zonas donde la minería se ha convertido en el mayor enemigo de la naturaleza.
De acuerdo con Cerda, el Estado empezó a concesionar territorios desde el 2020 y en 2022, se registraron 144 irregularidades en estos procesos, para cuya implementación no se realizó una consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades que residen en la zona. En localidades que, señaló, vive la población kichwa.
Otra de las alertas que surgen, según Cerda, es la implementación de proyectos mineros en ecosistemas frágiles como en Llanganates y Sangay, donde existe biodiversidad vulnerable. Incluso, advirtió que este año, nueve ríos fueron declarados muertos, lo que significa que, en su interior, no puede coexistir vida de ningún tipo, debido a la contaminación.
Por ello, desde las comunidades indígenas de Napo, se exhorta al Gobierno a militarizar las zonas donde la maquinaria pesada afecta la flora y fauna existente. A esto, se suma un pedido para declarar a la provincia en emergencia ambiental, debido a la expansión de actividades mineras que, según Cerda, tendrían un sustento incluso en economías ilícitas.
Señaló que, al día, se estima una extracción de entre USD 8 millones y USD 11 millones diarios en oro. Esto, basado en cálculos en los que se considera que una excavadora puede conseguir 1.000 gramos de este mineral a USD 60.
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