La codicia humana y la falta de escrúpulos han vuelto a golpear a la comunidad de migrantes ecuatorianos residentes en Europa. En este caso, llegaron camuflados en una empresa de paquetería llamada OGC y que tiene oficina en Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y sobre todo en España, en Madrid, donde se encontraba su sede central. Además tenía sucursales abiertas en Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat.
Todas las oficinas cerraron sin previo aviso a finales de febrero mientras los 3 propietarios, los ciudadanos ecuatorianos Marcela Vélez Andagoya, y los hermanos Óscar Geovanny y Edward Zúñiga se daban a la fuga. Aunque aún no se conoce el volumen económico total de la estafa que cometieron, algunas fuentes consultadas por EL TELÉGRAFO calculan que podría ascender a cientos de miles de euros.
La embajada de Ecuador en España ya ha puesto en marcha todos los dispositivos a su alcance y los recursos jurídicos de los que dispone para tramitar las denuncias correspondientes contra los responsables de la empresa de mudanzas y asesorar a los más de 4.000 migrantes que podrían estar afectados. El fraude consistía en captar clientes potenciales del Plan de Retorno del Gobierno. De hecho, el video empresarial utiliza el escudo y la bandera de Ecuador para hacer creer que es una oficina oficial. Allí mostraban ofertas económicas inigualables para la mudanza de muebles, enseres y propiedades desde Europa a Ecuador.
Aunque el Gobierno tiene un acuerdo con Correos del Ecuador para facilitar este tipo de envíos de una forma segura y económica, la compañía de los hermanos Zúñiga presumía de hacerlo con mayor rapidez y a un costo más ventajoso para el usuario. En realidad era una sospechosa ganga. La realidad es que durante los últimos tres meses todos los servicios contratados con OGC Paquetería jamás llegaron a su destinatario.
Algunos de estos envíos frustrados tuvieron un valor superior a los 30.000 euros. Según explican desde la asociación Rumiñahui, la mayor agrupación de ciudadanos ecuatorianos que hay en España, “los paquetes o bien estarían en el almacén de la empresa en Madrid, volando, o en Guayaquil. Pero nadie tiene confirmación de esto, ya que de la compañía no han dado ninguna explicación ni se ha localizado a sus responsables”. Actualmente, la Embajada en España trata de concentrar las miles de denuncias interpuestas contra OGC Paquetería en los juzgados españoles ya que, como ayer aseguró el embajador ecuatoriano, Miguel Calahorrano, “se trata de una empresa constituida aquí que se rige por la normativa local y los afectados deberán presentar sus reclamaciones ante las autoridades competentes”.
El diplomático, que compareció ayer ante los medios de comunicación junto a 5 representantes de los clientes estafados que anunciaron la creación de una plataforma que coordinará los reclamos ante las autoridades españolas, garantizó el apoyo total de la Embajada en la supervisión de este caso.
En la rueda de prensa los afectados denunciaron las irregularidades en el servicio ofrecido por la empresa. En medio de la desolación más absoluta relataron cómo enviaron paquetes hace meses que jamás fueron entregados. Los estafados llamaron a la organización de todos los ciudadanos que tenían relación contractual con esta empresa. Además denunciaron irregularidades en el servicio ofrecido por OGC, como retrasos en la entrega de paquetes y el desconocimiento de los responsables que retiraban los envíos en la aduana de Ecuador, pues la empresa se comprometía a entregarlos en su domicilio. Un afectado aseguró que empleados de OGC recogieron paquetes hasta el pasado fin de semana.
El TELÉGRAFO intentó sin éxito ponerse en contacto con representantes de la firma de paquetería, aunque pudo hablar con uno de los 90 trabajadores contratados. Él aseguró haberse enterado la semana pasada “cuando fui a trabajar y me encontré el almacén cerrado”.
“Nuestra comunidad es trabajadora y honesta y está sufriendo la adversidad de la crisis, por lo que han tenido que hacer un gran esfuerzo para enviar sus cosas al Ecuador. Es lamentable que haya empresas que hagan esto a la comunidad”, afirmó el embajador Miguel Calahorrano. Las gestiones de la misión diplomática para aclarar este fraude ya han comenzado. En colaboración con las autoridades españolas, buscan datos e información que permita acorralar a los culpables. No es la primera vez que se observa este tipo de estafas, organizadas por empresas “buitres” que se aprovechan de la confianza y la vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos residentes en España, muchos de ellos con recursos humildes y trabajos precarios.
Calahorrano recordó el caso de la compañía de envíos Vicza Express ocurrido hace poco más de un año. “Nos reunimos con los afectados y los apoyamos y pronto va a poder resolverse este tema”, señaló el embajador. La representante de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Myriam Ramírez, llamó a la ciudadanía para que tome precauciones a la hora de contratar a empresas de mudanza.
