El problema podría agravarse a partir del mes de julio, fecha en la que se terminaría la cooperación internacional europea, dijo el juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire.
Por este motivo, los jueces viajarán próximamente a Washington, Estados Unidos, para presentar ante los embajadores de los 23 países un informe de rendición de cuentas y, a la vez, iniciar un proceso de sensibilización a los estados.
“Hemos tomado esta iniciativa de trabajar intensamente para comprometer a los estados, no solo a los 7 estados que tienen jueces de su nacionalidad de origen sino a todos los 23 estados, para alertarles sobre un problema que afectaría la institucionalidad de la vigencia de los derechos humanos en toda la región. De afectarse el funcionamiento (…) prácticamente el sistema interamericano (de derechos humanos) se vería colapsado y anulado en sus competencias”, dijo.
El magistrado informó que la Corte recibe un financiamiento ordinario y normal 2,2 millones de dólares del presupuesto de la Organización de Estados Americanos, adicionalmente un fondo de cooperación de Dinamarca y de España, también una donación voluntaria de Ecuador, Colombia y México.
Estos aportes voluntarios, al no ser permanentes, terminarán en julio, por lo que el funcionamiento del organismo interamericano podría reducirse a la mitad, dijo Pazmiño.
“Eso trae implícito el eventual despido y terminación de contratos de personal administrativo, del staff de letrados y asesores, la imposibilidad de viajar de parte de jueces y la reducción de las jornadas de trabajo, es decir, una grave afectación al funcionamiento de la Corte”, reseñó.
De hecho, en la actualidad la Corte, con sede en Costa Rica, que debería tener un funcionamiento permanente, no lo está haciendo y los 7 jueces que la integran tienen jornadas de trabajo “altamente intensivas”, de 15 días, contó el magistrado ecuatoriano, en funciones desde el 15 de febrero de 2016.
El resto del tiempo cada juez regresa a su país de origen a trabajar, añadió Pazmiño e indicó que eso hace que se limite la capacidad de analizar, investigar, estudiar y dictar sentencias de manera más sistemática.
Otras afectaciones que se derivan de la falta de recursos son la posibilidad de realizar audiencias, visitas a países, intercambio jurisprudencial con las cortes nacionales y lobby internacional.
La idea del fondo permanente busca tener un financiamiento directo de los estados a la Corte Interamericana “sin que medie” la entrega a la OEA, lo que va a permitir agilizar el funcionamiento y manejar directamente –con la debida auditoría, los fondos.
La Corte Interamericana realizará lo que Pazmiño denomina proceso de sensibilización a los embajadores de la OEA, la próxima semana, y a los países miembros. Para el efecto, contó a ANDES que se reunió el miércoles con el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, para transmitirle la “realidad preocupante del sistema” y comunique el particular al presidente Rafael Correa.
Pazmiño indicó que el sistema de aportación a la OEA es sui generis, pues a pesar de ser obligatorio no se traduce en compromisos reales por la mayoría de los estados. También, que la Comisión Interamericana reciba un presupuesto de casi seis millones de dólares y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo 2,2 millones.
