Picq se encuentra en Miami (EE.UU.), donde este sábado participará en un acto para denunciar la «censura y criminalización de la protesta» en Ecuador y esta semana ha hablado sobre «Las mujeres indígenas en la política internacional» en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Según declaró hoy a Efe en una conversación telefónica, en su caso en particular, el Gobierno -dijo- no está cumpliendo con la Constitución, que reconoce el «amparo familiar», el derecho de los ecuatorianos a vivir en Ecuador con sus parejas.
La periodista y profesora dijo que en 2013 se casó en un ritual ante la Justicia indígena con Carlos Pérez Guartambel, presidente de Ecuarunari, la filial quichua de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, un matrimonio que, según dijo, está reconocido en un Estado plurinacional como Ecuador.
Picq, que el año pasado presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el mes pasado lo hizo en el Parlamento Europeo, denunció que está «prohibida» en Ecuador, un país -dijo- donde la censura ha crecido «abruptamente» hasta el punto que puede llegar a superar a Cuba en ese campo.
Según contó, ha intentado pedir otra visa, pero le niegan incluso el poder iniciar el proceso, al igual que, según dijo, le negaron en su día el derecho a presentar un «habeas corpus», un recurso de amparo.
La periodista criticó el nulo apoyo que ha recibido de parte del Gobierno de Francia -según dijo el embajador francés en Quito ni siquiera fue al juicio- e hizo votos para que el nuevo canciller ecuatoriano, Guillaume Long, de origen francés, tenga una nueva actitud hacia ella.
«Hay que ver si un canciller de origen francés me niega la visa», subrayó, para añadir que «se necesita una democratización en el Gobierno, en la maquinaria estatal».
Picq sí recibió apoyo de Brasil en su día cuando salió de Ecuador nueve días después de haber sido detenida tras participar en una marcha convocada por organizaciones indígenas, sindicales y sociales contra el Ejecutivo de Correa.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que Picq fue agredida por la Policía cuando participaba en la manifestación y posteriormente fue detenida durante cuatro días en un hotel de la capital ecuatoriana destinado a inmigrantes en situación irregular.
Tras la protesta, la Cancillería decidió revocar el visado de intercambio cultural otorgado a Picq, con vigencia hasta el 26 de agosto, debido a que «realizó actos que perturbaban la paz y el orden público durante las protestas del 13 de agosto».
Las autoridades ecuatorianas solicitaron la deportación, pero la magistrada Gloria Pinz negó la petición, al considerar que no había fundamentos.
«El Estado no la deportó, pero le negó el pedido para una nueva visa. Eso dejó a Manuela en un limbo jurídico y, por eso, decidimos traerla de vuelta», comentó entonces la letrada de la periodista, Lúcia Mallé, quien actuó junto con la Orden de Abogados de Brasil (colegio profesional).
