En días anteriores el juez de la Unidad Penal Sur Valdivia, Juan Carlos V., fue separado del conocimiento del expediente N° 2847-2015, es decir de un caso de homicidio culposo por mala práctica, y la autoridad ordenó que el juicio principal pase al subrogante. El operador de justicia fue recusado por dos procesados.
También, al juez de Garantías Penales de Guayas, Galo E.R., se le abrió un expediente administrativo por revocar una medida de retención de fondos en un caso de presunto lavado de activos. A finales de febrero fue suspendida la fiscal de Manta, Anabella O.F., porque pese a estar de turno no asistió a dos audiencias, una de ellas estaba relacionada con un caso de presunta violación a un menor y la otra de narcotráfico. Ellos son parte de los 2.083 jueces y 839 fiscales que operan en el país en la Función Judicial de Ecuador, y están bajo un régimen disciplinario y en la mira de la ciudadanía que asiste a las dependencias.
El artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los sumarios se iniciarán de oficio por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, cuando llegue información confiable de que el servidor judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este código.
Los expedientes llegan al pleno de la Judicatura Al pleno del Consejo de la Judicatura le correspondió conocer y tramitar 1.100 expedientes disciplinarios en contra de funcionarios judiciales el año pasado, indicó Gustavo Jalkh, presidente del organismo, durante su rendición de cuentas el martes pasado en la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Los expedientes, originados por denuncia o queja de los usuarios, fueron resueltos, manifestó el funcionario. Agregó que en el 85% no se dio la razón al ciudadano y se desechó, pero en el 15% se sancionó al operador de justicia, por su falta de transparencia dentro del proceso que le correspondió tramitar, muchos de ellos fueron destituidos.
El funcionario expresó que el 100% de los jueces es de carrera, con estabilidad, sujetos a capacitación permanente y, por supuesto, sometidos a un sistema de evaluación de productividad y disciplinario. Indicó que cuando un juez es removido de sus funciones es reemplazado por otro, escogido del banco de elegibles de la institución.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Miguel Ramírez Romero, consideró que todos los servidores públicos están sujetos a evaluaciones. Este sistema ayuda a los jueces y juezas, así como a la organización de justicia. A los primeros a promocionarse en la carrera judicial y en el otro caso ayuda a establecer un buen servicio a los usuarios. “Esta medida es positiva”, puntualizó.
Para la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel González, si dentro de una institución hay reparos sobre la actuación de cualquier servidor que represente a la ciudadanía es procedente un proceso de evaluación y “nosotros lo apoyaremos, porque tenemos como atribución la lucha frontal contra la corrupción”. Consideró que el funcionario público debe ser evaluado de forma permanente en sus capacidades y en todas las acciones que desempeña dentro de sus funciones. Ecuador cuenta con una tasa de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, que hasta el año pasado despachaban un promedio mensual de 46 causas. Además, el 96% de causas por homicidio y asesinato se resolvió en los tribunales penales
