La orden del Ejecutivo indica que para «proteger a los venezolanos de la guerra económica» extiende durante 60 días la vigencia del estado de excepción en materia económica, señala la gaceta oficial del 11 de marzo que entró en circulación este lunes.
Esta prórroga deberá ser sometida a la aprobación del Parlamento de mayoría opositora, que ya rechazó la validez de la emergencia, aunque un fallo del Tribunal Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconoció esa decisión y la dejó en firme.
Maduro considera en su decreto que hay «una crisis estructural del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo», a lo que añade un supuesto «boicot económico y financiero nacional e internacional» contra Venezuela.
También argumenta que «persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales» que motivaron la declaración inicial.
El Parlamento se declaró el domingo en «sesión permanente» para estudiar la prórroga del decreto -de la cual ya había sido informado-, por lo que pidió al vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, que explique los logros alcanzados con la medida.
«La junta directiva (del Parlamento) suscribió una correspondencia invitando al vicepresidente a que comparezca (…) a darnos información que se requiere para decidir sobre la prórroga», dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, al finalizar la sesión.
No obstante, el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- decidió hace varias semanas que era «competente» para considerar que el decreto de Maduro es «constitucional».
Venezuela enfrenta una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo, que se refleja en una escasez de dos tercios de alimentos y medicinas y una inflación de 180,9% en 2015.
