A principios de enero de este año, la Corte Provincial de Manabí declaró culpables de peculado al exalcalde de Flavio Alfaro, Jaminton I.; Luis F., exdirector de Obras Públicas del municipio; Yandri M. y Kelvin P., contratistas de obra, quienes fueron sentenciados a 6 años de prisión.
El fiscal del caso demostró que existió un desvío de fondos que habría ocasionado un perjuicio de $ 1’498.868 al Estado. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó al municipio $ 3’256.077 para mejoramiento de caminos vecinales. Sin embargo, los trabajos no se ejecutaron, por lo que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal que fue impulsado judicialmente por la Fiscalía. Este caso tardó pocos meses en sustanciarse, pues la Fiscalía creó un sistema informático para coordinar con la Contraloría los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) que recibe.
“En la Fiscalía no había registros sobre los informes IRP remitidos por la Contraloría y, por tanto, no existía respuesta sobre ello”, indicó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Por eso, en la entidad implementamos un sistema que permite hacer un seguimiento en tiempo real de las actuaciones fiscales, desde 2005 hasta 2015, la Fiscalía ha registrado 1.239 informes con IRP, de los cuales 412 están en formulación de cargos y 422 en indagación previa. Es decir, el 67,31% de los informes están en procesos judiciales y en términos económicos “representan la persecución por delitos que pudieron haber causado al Estado un perjuicio en más de $ 80 millones”.
El funcionario detalló que, por ejemplo, el año pasado se obtuvo 3 sentencias condenatorias por peculado y tráfico de influencias, una de ellas a 5 años de prisión en contra del exministro Raúl C. En Chimborazo, en el caso del municipio de Riobamba, 18 personas fueron sentenciadas con 12 años de privación de libertad por el desvío de $ 13 millones. En la provincia de Cotopaxi, al exalcalde de Salcedo y a 7 funcionarios más de ese municipio se les formuló cargos por un posible perjuicio de $ 1,5 millones. También el exalcalde del cantón Saquisilí y un exprocurador síndico fueron acusados de peculado.
El prefecto de Zamora Chinchipe, por presuntas irregularidades en contratación de obras, enfrenta un llamamiento a juicio y 2 casos más están pendientes para la presentación de dictamen fiscal. En el caso ‘Majadita’, en el que se desviaron más de $ 4 millones de fondos del Banco Nacional de Fomento en Guayas, se ratificó la sentencia de 8 años de prisión a 9 procesados. El contralor general del Estado, Carlos Pólit, manifestó que la entidad efectuó 3.235 informes generales el año pasado, de los cuales 314 concluyeron que había indicios de responsabilidad penal y fueron canalizados hacia la Fiscalía. Explicó que a la Contraloría le concierne fiscalizar y establecer si ha existido algún daño a los recursos del Estado. “Esta institución no tiene potestad legal para enjuiciar o dictaminar cárcel en contra de funcionarios.
Esa competencia es exclusiva del poder judicial y la ejerce a través de fiscales y jueces”. El fiscal de Pichincha, Gustavo Benítez, indicó que no siempre se recuperan los valores del perjuicio económico a las entidades del Estado, a pesar de que los fallos implican prisión, reparación y devolución de los dineros desviados. El seguimiento del cumplimiento de la condena la deberían efectuar los jueces de garantías penitenciarias que todavía no entran en funciones, sostuvo Benítez.
