El pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan para investigar a Fernández, en un caso por presunto lavado de dinero, reavivó ayer la polémica en Argentina, tras doce años de gobierno del kirchnerismo plagados de denuncias por supuesta corrupción.
La acusación de Marijuan cerró una semana marcada por la investigación contra el empresario Lázaro Báez.
Báez fue estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner y principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión de la corriente kirchnerista, que a pesar de haber perdido el Gobierno de la Nación cuenta con quórum propio en el Senado y es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados.
Surgida a partir de un informe periodístico hace casi tres años, la causa contra Báez, acusado de integrar una presunta red de lavado de dinero, tomó impulso el mes pasado tras la difusión de un vídeo que muestra a Martín Báez, hijo del empresario, contando miles de dólares en una financiera.
Sin fueros especiales y alejada de la escena política, Fernández también está acusada por presunto enriquecimiento ilícito en una causa en la que se investiga si la expresidenta ocultó parte de su patrimonio y no incluyó la totalidad de sus depósitos bancarios en sus declaraciones juradas.
Además, la Justicia quiere saber si un hotel de lujo de la Patagonia, controlado por la empresa Hotesur de la que Fernández es accionista, fue un alojamiento «fantasma» usado por el matrimonio Kirchner-Fernández para hacer presuntamente negocios irregulares junto a Lázaro Báez.
Precisamente, una diputada de centroizquierda pedirá mañana, lunes, a la Justicia que unifique la causa Hotesur con la investigación por presunto lavado de dinero.
La acusación del fiscal Marijuan contra Fernández se produjo apenas cuatro días antes de que la exmandataria tenga que presentarse ante la Justicia para declarar en una causa por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su último Gobierno.
La expresidenta declarará el próximo miércoles ante el juez Claudio Bonadío, quien investiga si, mediante contratos de futuros de dólar celebrados durante el mandato de Fernández, el Banco Central pactó ventas por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York y ocasionó una pérdida millonaria a las arcas públicas.
Las agrupaciones kirchneristas se han dado cita para acompañar a Fernández y organizan una marcha a las puertas de los tribunales en apoyo a la exmandataria.
En los años de administración kirchnerista, la sombra de la corrupción también ha marcado los casos del exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015), procesado por la presunta compra irregular de una imprenta de papel moneda, supuesto cohecho y falsificación de documentos públicos.
Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2003-2015) y uno de los hombres más fuertes de los gobiernos kirchneristas, también fue acusado ayer por el fiscal Marijuan en la causa Báez.
En otro caso, De Vido deberá presentarse frente a la Justicia, que busca determinar su responsabilidad en el choque de un tren que dejó 51 muertos y unos 700 heridos en 2012.
En ese momento, la Secretaría de Transporte estaba aún bajo la órbita de De Vido y, tras el incidente, Fernández decidió pasarla a otro ministerio.
Las presuntas irregularidades en la Secretaría de Transporte durante el kirchnerismo también provocaron, en los últimos días, la detención del exsecretario de Transporte de La Nación Ricardo Jaime (2003-2009), que dependía directamente del exministro De Vido.
Jaime está acusado de causar presuntamente un perjuicio al Estado argentino por los millones de euros pagados en una compra en 2005 de trenes a la empresa portuguesa «Caminhos de Ferro Portugueses» (actualmente «Comboios de Portugal»), y a las españolas Renfe y Feve (actualmente integrada en la primera).
En el centro de la denuncia está una empresa argentina contratada por la Secretaría de Transporte, que presuntamente se llevó una importante suma de dinero como comisión por dar asistencia técnica al Estado en la compra de esos trenes, que finalmente no fueron utilizados ni como repuestos, según documentación judicial del caso.
A la larga lista puede añadirse en los próximos días la reactivación de una causa por supuestos sobreprecios en obras de gasoductos en las que intervino la empresa sueca Skanska con la financiación de un fideicomiso administrado por el estatal Banco de la Nación Argentina.
La Corte Suprema reabrió el caso el año pasado, cuando ordenó revisar el valor como prueba de una grabación donde se reconoce el pago de sobornos a funcionarios.
Paradójicamente Skanska fue, en 2005, el primer caso de presunta corrupción del que se tuvo conocimiento durante el kirchnerismo.
