La corte del distrito norte de Ohio dictó hoy sentencia contra estos dos hombres, que amenazaron y llegaron a utilizar la violencia física contra los inmigrantes indocumentados para que trabajaran en la granja de aves, informó hoy en un comunicado el Departamento de Justicia de EEUU.
Los dos hombres convencieron a los ocho menores y a los dos adultos, todos procedentes de Guatemala, para que viajaran a Estados Unidos, donde les prometieron un buen trabajo y el acceso a universidades de alto nivel, según el Departamento de Justicia en su nota.
Tras convencerlos con mentiras, las diez víctimas fueron llevadas a Marion, una localidad del norte de Ohio, donde vivían en un aparcamiento de autocaravanas en ruinas y trabajaban más de doce horas al día, detalla la nota.
Los trabajos incluían limpiar los corrales, cargar y descargar los jaulas o cajas de pollos, arrancar el pico a los pollos y vacunarlos.
Dentro de esta trama, Conrado Salgado-Borbon y Bartolo Domínguez, cuyas nacionalidades no fueron especificadas, fueron condenados a seis y doce meses de prisión, respectivamente.
La Justicia de EEUU también ha presentado cargos contra dos guatemaltecos: Aroldo Castillo Serrano, de 33 años, y Ana Angélica Pedro Juan, de 22.
Ambos se declararon culpables ante la Justicia estadounidense y están a la espera de que su caso sea escuchado por los tribunales.
Este caso desató una investigación de dos senadores del Congreso de EEUU, que revelaron que los acusados habían conseguido la custodia de los menores a través de Departamento de Salud (HHS), el brazo del Ejecutivo responsable de buscar una casa de acogida segura para los niños que cruzan solos la frontera entre EEUU y México.
La senadora demócrata Claire McCaskill y el senador republicano Rob Portman expusieron en un informe, presentado en enero y al que accedió Efe, los fallos del Departamento de Salud a la hora de proteger a menores que llegaron de forma ilegal a Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países de origen.
En el informe de la investigación, los senadores afirman que, en total, 13 menores fueron víctimas de trata de personas y que otros 15 niños podrían haber sufrido abusos, aunque resaltan que es imposible conocer el número total de víctimas porque el Departamento de Salud «no tiene ninguna manera de seguir estos casos».