La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador abrió hoy los debates de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, una norma que ha generado polémica en el país, entre otras razones porque eleva los impuestos al tabaco, las bebidas alcohólicas y las azucaradas.
La iniciativa ha sido defendida, entre otros, por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien asegura que beneficiará a los sectores populares y permitirá redistribuir los ingresos, en un momento en que el país afronta una difícil situación económica por la caída del precio del petróleo, su principal producto de exportación.
La presidenta de la Cámara, la oficialista Gabriela Rivadeneira, afirma, por su parte, que las subidas de impuestos que se establecen no son «alarmantes» ni «pueden quebrar una empresa» y que los productos afectados con los gravámenes adicionales «siguen siendo accesibles al consumidor».
Pero la norma también ha recibido críticas desde sectores de oposición, que la califican de «paquetazo» y exigen la retirada del proyecto.
El asambleísta opositor Henry Cucalón, del partido Social Cristiano, criticó hoy el gravamen adicional a las bebidas azucaradas y consideró una «trampa» argumentar que se trata de una medida en favor de la salud de los ciudadanos, como ha hecho el oficialismo, que defiende su incidencia favorable en los hábitos de consumo.
«Esto es un ‘pantallazo’ para encubrir una metida de mano de carácter fiscalista y meramente recaudatoria», aseveró Cucalón en declaraciones a periodistas.
La iniciativa, por ejemplo, eleva en dos centavos de dólar el precio del cigarrillo, aumenta en unos trece centavos el precio de la botella de cerveza de 600 centímetros cúbicos y establece también una carga adicional para las bebidas azucaradas.
También determina la devolución del 2 % del impuesto al valor agregado (IVA) en las compras efectuadas con dinero electrónico y del 1 % con tarjeta de crédito o débito y, por otra parte, fija en 1.098 dólares el importe máximo que un viajero adulto podrá sacar del país sin tributar por ello.
Sin embargo, a esa cantidad se podrán sumar 366 dólares exentos del impuesto por cada menor que le acompañe, según el proyecto.
Las personas con discapacidad gozarán de exención de impuestos por la importación y compra de vehículos con un tope de 21.960 dólares, según el proyecto de ley, que también fija beneficios en la devolución de IVA a las personas de la tercera edad.
Según el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el oficialista Virgilio Hernández, el proyecto legislativo pretende «responder a las dificultades económicas (en el país) sin cargar el peso sobre los hombros del pueblo».
La iniciativa, de acuerdo con el legislador, busca fortalecer la dolarización (la economía ecuatoriana está dolarizada desde el año 2000), avanzar en la progresividad del sistema tributario, garantizar un sistema fiscal más justo e incidir en hábitos de consumo.
Organizaciones del empresariado, como el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), consideran que la nueva ley «desalienta la confianza» para «fomentar la inversión privada y genera un mayor peso en el presupuesto de los consumidores».
Según un comunicado difundido la pasada semana por ese organismo, la medida «afecta a la competitividad empresarial» porque «al incrementar los costos, el consumo, así como la producción, tiende a disminuir».
La reforma, que se tramita con carácter de urgencia y previsiblemente será aprobada durante la próxima semana, motivó protestas en las calles de sectores de oposición en Quito y otras ciudades la semana pasada, respondidas, como en ocasiones anteriores, con concentraciones de apoyo al oficialismo.
