Según el mandatario, la paz con las FARC se alcanzará «este año definitivamente, pero lo más pronto posible», y aseguró que el proceso de negociación con este grupo armado ilegal, que comenzó en noviembre de 2012 en Cuba, «es irreversible».
«El proceso va marchando normalmente, estamos en la fase final. Esa fase final siempre es difícil porque hay que tomar decisiones, pero yo creo que es irreversible y que si hay voluntad podemos terminar relativamente pronto para poder implementar los acuerdos lo más pronto posible», manifestó a Efe.
El Gobierno y las FARC se habían fijado el 23 de marzo como fecha para la firma de un acuerdo definitivo de paz, pero ese objetivo no se cumplió por las diferencias que afloraron en la recta final del punto de «Fin del conflicto», que incluye el cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la desmovilización de los guerrilleros.
Esa diferencias no preocupan al jefe de Estado, quien considera que hacen «parte de la dinámica de una negociación» y que «lo importante es que al final podamos llegar a los acuerdos».
Una vez se firme la paz, vendrá el posconflicto, un periodo «igualmente difícil» pero cuya ejecución tampoco inquieta al presidente, un convencido de que los costos políticos de la paz al final «se convertirán en una inversión»
«Hay una cantidad de retos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de ejecución de programas que hace que se requiera un gran esfuerzo, pero un esfuerzo maravilloso, porque es un esfuerzo que va a rendir muchos frutos», manifestó.
«Lo que tenemos es que trabajar muy duro para comenzar a construir la paz. El día de la firma del acuerdo se silencian los fusiles, es lo que llaman ‘peace making’ (hacer la paz); a partir de ese momento, es el ‘peace building’, es la construcción de la paz, es lo que realmente nos va a permitir reconciliarnos como sociedad», subrayó.
Pero como la paz no sería completa sin el ELN, la segunda guerrilla del país, Santos espera que esa organización, que tiene unos 1.600 hombres en armas, se decida a renunciar a la práctica del secuestro para poner en marcha la negociación que se anunció el pasado 30 de marzo en Caracas.
«Simplemente ni yo, ni la sociedad colombiana, ni la comunidad internacional aceptaría iniciar unas negociaciones como si nada estuviera pasando y al mismo tiempo el ELN siguiera secuestrando, ese es un contrasentido», afirmó el mandatario.
Por eso el presidente considera que esa guerrilla «debe dar unas señales de buena voluntad, como por ejemplo, dejar de secuestrar, que es lo mínimo que uno podría pedir a un grupo como el ELN mientras esté dialogando».
De esta forma se podría abrir un nuevo frente de paz en el país y cumplir su sueño de que al terminar su mandato, el 7 de agosto de 2018, hayan desaparecido las guerrillas de izquierda después de medio siglo de conflicto armado.
Otro frente, sin embargo, es el de las bandas criminales (bacrim), grupos armados ilegales que surgieron después de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que hoy en día constituyen la mayor amenaza para la paz del país, dedicadas a actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, principalmente.
Por esa razón, la fuerza del Estado se ha enfocado en esos grupos que, según un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo, operan en 22 de los 32 departamentos del país.
«Nosotros hemos tenido enemigos mucho más fuertes, mucho más peligrosos y mucho más poderosos; sí es un dolor de cabeza y las vamos a combatir con toda la contundencia porque ellas, estas bandas criminales lo que van querer es tratar de llenar los espacios que dejan, por ejemplo, las FARC y no les vamos a permitir», afirmó el presidente.
Santos señaló que con los recientes ataques de las bacrim, en especial del llamado Clan Úsuga, esas bandas «están buscando algún tipo de reconocimiento político» lo que consideró «un imposible».
«Son bandas dedicadas al narcotráfico, a cometer crímenes, lo que se les ha dicho es si quieren pueden someterse a la justicia, eso es un procedimiento, pero no pueden pretender tener un tratamiento de reconocimiento político», sentenció.
