El fallo supone un revés para el banco central de Irán, que defendía que el Congreso de EE.UU. se había entrometido en la competencia de los tribunales federales al haber aprobado en 2012 una ley para indemnizar a las víctimas de terrorismo con los activos que Irán tiene congelados en bancos estadounidenses.
Con 6 votos a favor y 2 en contra, los 8 jueces que actualmente conforman el alto tribunal determinaron que el Congreso había actuado dentro de sus capacidades y fallaron a favor de más de 1.300 familiares de la víctimas del atentado de 1983 contra el cuartel general de los marines en la capital de Líbano.
Entre los beneficiados por el fallo del Tribunal Supremo también se encuentran los familiares de los 19 militares estadounidenses que murieron en 1996 en un atentado contra un complejo de viviendas militares conocido como Torres Khobar, en la ciudad saudí de Dahrán.
La ley del Congreso «no transgrede las limitaciones impuestas al Congreso y al presidente por la Constitución», determina la corte en su sentencia, escrita por la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg.
Con su decisión, el alto tribunal confirma fallos de cortes federales inferiores de 2007 y 2014 que determinaron que las familias de las víctimas de terrorismo debían recibir más de 2.000 millones de activos iraníes congelados en bancos de Estados Unidos, como el Citibank de Nueva York.
La primera demanda fue interpuesta en 2001 -un mes después de los ataques del 11 de septiembre de ese año en EE.UU.- por Deborah Peterson, cuyo hermano Lance Corporal Knipple murió en el atentado de Beirut.
La larga batalla legal para conseguir una indemnización de Irán ha estado protagonizada por 1.300 estadounidenses, que sostienen que el atentado de 1983 en Líbano estuvo «orquestado» por Irán.
Los familiares acusan a Teherán de proporcionar apoyo material al grupo chií libanés Hizbulá, en cuya fundación participó Irán y que saltó a la escena internacional a consecuencia del atentado de 1983 que costó la vida a 241 marines estadounidenses.
