Lamentaron la negativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a extender su presencia en el país para seguir investigando el caso.
En conferencia de prensa, los especialistas de la CIDH señalaron que el informe pone de manifiesto fallas en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala.
Dijeron que hay indicios de supuestos malos tratos y tortura tras revisar los informes médicos de 17 detenidos por el caso, incluyendo a los presuntos responsables de ordenar el ataque a los estudiantes.
“La Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato del grupo y de poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos”, subrayó Jaime Cavallaro, presidente de la CIDH.
Con anterioridad, el gobierno mexicano había señalado a través de diversas instancias que ya había pasado tiempo suficiente para que el GIEI diera a conocer sus conclusiones del caso y que su mandato no seria ampliado, por lo que tendría que retirarse el 30 de abril como estaba acordado.
«La búsqueda no se debe interrumpir puesto que los 43 muchachos siguen desaparecidos y sobre todo mientras no se esclarezcan los hechos y no se ubique el paradero de los normalistas pues estas actividades deben continuar”, advirtió el abogado colombiano Alejandro Valencia.
En sus conclusiones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reiteró que no existe nueva evidencia de que los estudiantes hayan sido incinerados y pidieron seguir investigando la supuesta participación en los hechos de autoridades y policías, incluidas corporaciones municipales, estatales y federales.
Según la versión oficial, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía estatal, policía federal, ejército y otros miembros de seguridad pública que monitoreaba segundo a segundo, a través de cámaras de vigilancia y la información que recibían, las actividades de los estudiantes en la entrada a la caseta de Iguala, a la entrada a un rancho y hasta la salida de una carretera federal”, sostuvo la abogada colombiana Ángela Buitrago, miembro del GIEI.
Hace dos semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, presentó un informe que permite presumir la posible participación de más elementos policiales en la desaparición de los estudiantes.
La CNDH dijo que de acuerdo con las declaraciones de un nuevo testigo se puede presumir la participación de la policía del municipio de Huitzuco, Guerrero y de dos policías federales, en la desaparición de entre 15 y 20 normalistas.
La organización señala que de acuerdo con este nuevo testimonio, los estudiantes habrían sido llevados a Huitzuco para presentarlos ante un posible líder de una organización criminal, al que sólo se ha referido bajo el sobrenombre de «El Patrón», quien finalmente resolvería el destino de los estudiantes.
Los expertos independientes sobre el caso Iguala insistieron en la necesidad de que la fiscalía federal mexicana investigue el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los 43 estudiantes desparecidos, como móvil del ataque a los jóvenes, una hipótesis, que dijeron, sigue sin ser explorada a profundidad.
La respuesta de las autoridades
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo en Twitter que la Procuraduría General de la República (PGR) analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre la desaparición de los 43.
Peña Nieto aseguró que la fiscalía general seguirá trabajando en este caso con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, para que haya justicia.
En tanto, la PGR aseguró que: «El Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México»
