La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, espera que el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) evalúen la situación política del país, donde a su juicio existe un “golpe en marcha en Brasil”. “Está en marcha un golpe en Brasil, entonces a mí me gustaría que la Unasur y el Mercosur miraran este proceso”, dijo Rousseff a periodistas brasileños en Nueva York, luego de denunciar ante la ONU que hay el riesgo de un “retroceso” en la democracia a raíz del juicio político que busca destituirla del cargo por parte del Congreso. Al ser consultada sobre si su intención es que Brasil, en caso de que se concrete su destitución, sea sancionado dentro del Mercosur, como una suspensión, respondió: “No, la cláusula democrática implica una evaluación del asunto. Nosotros siempre hacemos el análisis de las situaciones”.
El Mercosur suspendió en 2012 por un año a Paraguay luego de que el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido por un juicio político de la oposición en el Congreso que fue animado por su vicepresidente, Federico Franco. La mandataria insistió en que la ruptura institucional busca ser cometida a través de supuestos delitos dentro del presupuesto apuntados por la acusación de la Cámara de Diputados y defendió su campaña internacional para denunciar un golpe y al vicepresidente Michel Temer. “Estoy intrigada porque hay gente con miedo absurdo cuando hablamos de golpe. Eso es subestimar la conciencia de la gente dentro y fuera de brasil. Creo que están con miedo de ser tachados de golpistas. Pero tienen miedo justamente de eso. Porque son golpistas”, dijo la mandataria.
La Comisión Especial del Senado inició ayer los trabajos de evaluación de los documentos del juicio político y debe entregar al plenario un informe -entre el 11 y 18 de mayo- para que el plenario de los 81 senadores vote sobre el pedido. Si la mayoría simple lo hace, Rousseff será apartada del cargo seis meses y Temer, quien rompió con el gobierno hace tres semanas, asumirá interinamente, con plenos poderes en el Ejecutivo. Posteriormente, el Senado deberá juzgar el retorno de Rousseff con una votación que necesita de dos tercios para destituirla definitivamente de la presidencia.
