El organismo defensor manifestó que la tasa de asistencia en las cárceles del país es de un médico por cada 496 internos y que según reportes de 134 de las prisiones, más del 55 % de ellas no cumple con el suministro de medicamentos.
Además, el 83 % no hace aprovisionamiento de insumos médicos y el 88 % no acata los protocolos para la recolección de residuos hospitalarios.
Igualmente agregó que el panorama, que afecta entre otros a 4.215 pacientes con hipertensión arterial, 1.112 con diabetes y más de 600 con VIH (sida), obligó a la Defensoría a informar los hallazgos de sus visitas a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investigue el manejo de los recursos y la conducta de los funcionarios responsables del sistema.
La Defensoría recordó que en 2014 el Código Penitenciario y Carcelario, delegó en ese Fondo la atención de los reclusos enfermos y el Ministerio de Justicia dispuso de fondos que serían manejados por una fiducia contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Sin embargo, «a pesar de las partidas presupuestales aprobadas para la ejecución del contrato, el panorama es completamente desalentador y refleja la indolencia con una población» que pese a estar privada de la libertad sus derechos deben ser respetados, añade la Defensoría.
Todo lo anterior «va en detrimento de la salud, la integridad y la dignidad de casi 10.000 pacientes oficialmente registrados (sin contar aquellos que no están identificados ante la precariedad del sistema», dice la información.
De igual manera la Defensoría constató que en gran parte de los establecimientos carcelarios, el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios.
