La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó hoy de que logró reanimar un caso de presunta ejecución extrajudicial de un guerrillero en 1986, Fausto Jarrín, líder del extinto grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), que operó en el país en la década de los pasados años ochenta.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que tras una decisión de la entidad, logró que «se retire el velo de impunidad» sobre el caso Jarrín, «casi 30 años después» de su muerte.
Señaló que trece personas, entre ellos once policías en situación en retiro, son procesadas por la supuesta «detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad, del exdirigente de Alfaro Vive Carajo», convertido ahora en un movimiento político legal.
En una audiencia efectuada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por el fuero del que goza uno de los imputados, el fiscal general, Galo Chiriboga, formuló cargos con base en «37 elementos de convicción» que incluyen «versiones, pericias e informes».
La Fiscalía, en un comunicado indicó que la jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra tres personas y dispuso que los otros diez procesados se presenten una vez al mes en la Corte y que no salgan del país.
Asimismo, Sánchez prohibió a los procesados enajenar bienes por 50.000 dólares, con el fin de proteger una eventual «reparación integral» de las víctimas.
Durante su exposición en la audiencia, Chiriboga explicó que entre 1984 y 1988, periodo en que gobernó el ya fallecido presidente socialcristiano León Febres Cordero, su administración «planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil».
En ese período, añadió, unidades especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía «perpetraron detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales».
«Así consta en los archivos de la década de 1980 desclasificados» en la actualidad y en documentación incautada por la Fiscalía en años pasados, precisa el comunicado del Ministerio Público.
Añade que en 1984 la Policía «creó una estructura clandestina» al interior del Servicio de Investigación Criminal de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), conocida como «SIC-10», supuestamente dedicada a combatir a grupos subversivos de entonces.
Además, señala que a finales de septiembre de 1986, Jarrín, uno de los fundadores de AVC, se encontraba en la clandestinidad por la persecución de la fuerza del orden, aunque preveía viajar a Europa por una ruta que iniciaba en Colombia, seguía por Panamá, Holanda y finalmente Serbia.
Según la Fiscalía, Jarrín había registrado su salida del país en las oficinas de migración en septiembre de ese año, pero no había cruzado hacia Colombia por seguridad y regresado a Quito, de donde finalmente empezó su periplo días después.
En octubre de 1986, Jarrín había llegado a Panamá, donde fue detenido por orden del entonces presidente Manuel Antonio Noriega, a pedido del ecuatoriano Febres Cordero.
Tras su aprehensión, el líder de AVC, según el texto de la Fiscalía, fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición de autoridades ecuatorianas.
Ya en Quito y detenido, agrega el informe, «Jarrín fue llevado a Tambillo (al sur de la ciudad), al lugar conocido como ‘La Remonta’, en donde se encuentran las caballerizas de la Policía Nacional. Allí fue torturado, según lo reveló la autopsia».
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Jarrín fue «ejecutado extrajudicialmente» en el barrio de Carcelén, en el norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986.
No obstante, en ese entonces se difundió una información que advertía de un presunto enfrentamiento a tiros de Jarrín con agentes policiales que patrullaban el sector y que abatieron al líder guerrillero, quien supuestamente se encontraba con dos personas más, agrega el informe de la Fiscalía.
