Así lo defendió hoy durante una entrevista con Efe el doctor uruguayo Luis Yarzábal, tras ofrecer la charla magistral de la V Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública, que se celebra estos días en San Juan, en la que expuso la experiencia de su país sobre la regulación de la yerba.
«Lo que yo apoyo es la política de la regulación de la marihuana», sostuvo el también presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública del Uruguay y presidente del Comité Científico Asesor para el Monitoreo y Evaluación de las Políticas de Regulación y Control de las Drogas en ese país.
Uruguay es el primer país del mundo que permitió oficialmente el cultivo y la distribución de marihuana, desde la aprobación en 2013 de una ley impulsada por la Administración del entonces presidente José Mujica.
Puerto Rico se había planteado despenalizar el consumo en pequeñas cantidades, pero la falta de acuerdo entre los legisladores tiene el proyecto enterrado desde hace meses.
Según explicó Yarzábal, las leyes en Uruguay prevén que los usuarios de cannabis pueden estar en posesión de 40 gramos de marihuana de forma legal, el máximo mensual, y también autoriza a los autocultivadores a una producción de 480 gramos al año.
Además, el país suramericano autorizó en febrero de 2015 la producción de marihuana para la investigación científica y uso medicinal.
El objetivo prioritario era combatir el negocio del narcotráfico y la violencia que conlleva, un mal que también es la base de la elevada criminalidad que sufre Puerto Rico, así como la gran mayoría de las islas del Caribe.
La isla caribeña se ha convertido en un importante «hub» por el que hacen escala muchas de las drogas que van de América Latina a EE.UU.
Aunque el gran objetivo era combatir el narcotráfico, Yarzábal explicó que la regulación también busca proteger, promover y mejorar la salud pública de la población, minimizar los riesgos y reducir los daños del consumo del cannabis y asegurar el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los usuarios de drogas.
En Puerto Rico, el legislador Miguel Pereira espera la aprobación de la Cámara del Proyecto del Senado 517, que lleva meses estancado en el Legislativo de la isla y que busca despenalizar la posesión de 14 gramos o menos de esta planta.
La planta, de acuerdo con los médicos que promueven su uso con fines terapéuticos, puede ser utilizada por algunos enfermos de cáncer, fibromialgia, VIH, Alzheimer o con desórdenes de ansiedad, entre otras patologías, como recurso para ayudar a aliviar los síntomas.
En su ponencia «Consideraciones de salud pública que impulsaron la ley de regulación del mercado del cannabis en Uruguay» de este martes, Yarzábal mencionó que el narcotráfico genera cerca de 350.000 millones de dólares en todo el mundo, lo que equivale al 0,9 % del PIB mundial.
«El narcotráfico provoca un aumento de la corrupción, la distorsión de los precios de los bienes y los servicios, y una disminución de la competitividad», entre otros efectos, indicó Yarzábal.
Igualmente, dijo que «la prohibición hace uso excesivo de la prisión como medida de control», de forma que en el año 2011 la posesión de sustancias ilegales constituyó el 83 % de los delitos relacionados con drogas a escala mundial.
Agregó que en 2014 las personas encarceladas por posesión de drogas configuraba el 21 % de los reclusos a escala mundial.
«El prohibicionismo genera más daño que la regularización», opinó Yarzábal.
En la ponencia se expusieron vídeos de Mujica en los que ofrecía sus opiniones sobre la experiencia uruguaya, donde advirtió que «el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga, como el tabaco. Pero el problema detrás de la marihuana es el narcotráfico».
«No sé si lo que planteamos puede contribuir a solucionar el problema, pero queremos arrebatarle el mercado al narcotráfico», enfatizó el expresidente uruguayo, quien recalcó que «el problema sustantivo no es la marihuana ni la cocaína, sino el narcotráfico, que nos pudre la sociedad».
