La demanda fue presentada por el abogado Ralph G. Patino en representación de unos 2.100 taxistas que se sienten discriminados y estafados porque el precio de las licencias de taxis que otorga el condado, conocidas como «medallones», han perdido gran parte de su valor como consecuencia de la entrada en el negocio de Uber y Lyft.
Según declaró Patino al canal 10 de televisión, el valor de las licencias ha pasado en dos años de 350.000 a 50.000 dólares.
«Esta demanda presentada contra el condado es para que deshaga lo que hizo mal y haga las cosas bien», dijo el abogado en referencia a la norma que da luz verde a Uber y Lyft en Miami, aprobada este martes por la Junta de Comisionados del condado.
Según Patino, ni el alcalde de Miami-Dade ni la Junta de Comisionados del condado pueden «simplemente destruir un derecho de propiedad sin pagar una indemnización justa».
Los taxistas reclaman 1.000 millones de dólares como compensación por lo que consideran una violación de la cláusula de protección de la igualdad ante la ley.
La primera audiencia ante la justicia está fijada para el 3 de junio, según medios locales.
La norma aprobada por la Junta de Comisionados por nueve votos frente a dos modifica las reglas para los taxis y servicios de limusinas, y define las de los nuevos servicios basados en aplicaciones.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, consideró que incorporar a Uber y Lyft era necesario para poner el transporte del condado en el siglo XXI.
Para que la legalización de Uber y Lyft sea efectiva deben pasar diez días desde la aprobación de la ley.
En el texto de la demanda los taxistas se quejan del trato que han recibido Uber, Lyft y otras empresas similares, las cuales han sido «relevadas de la obligación de cumplir con varias de las medidas» incluidas en el código de ordenanzas de Miami-Dade relativas a los servicios de transporte de pasajeros.
También señala que las dos compañías tecnológicas con sede en San Francisco (California) tienen antecedentes de intentar obtener un «trato especial» en determinadas ciudades y condados para no tener que cumplir con las regulaciones locales y estatales que sus competidores sí deben cumplir.
