Los 250 000 euros serán entregados al país que reciba a un solicitante de asilo que otro miembro del bloque no quiera acoger, según indicó la CE. «Si un Estado miembro no participa (en el mecanismo correctivo de reparto) deberá apoyar a los que sí lo hacen», dijo en una rueda de prensa el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, quien consideró que el pago de esta cantidad es una forma de «solidaridad» mediante financiación.
Timmermans recordó que el coste al que tienen que hacer frente las autoridades de los países que aceptan recibir a demandantes de asilo es «enorme». Anteriormente, la CE había marcado como referencia el pago de 6.000 euros por refugiado al país de acogida en sus medidas de reubicación. Por ello, los 250.000 euros se han calculado teniendo en cuenta los gastos que supone ese trasladado de solicitantes de asilo, pero también se decidió que la cifra sea tan elevada para incluir un «elemento disuasorio» y motivar a que todos los países de la Unión Europea (UE) participen en el nuevo mecanismo.
El sistema de asilo en la UE se rige por el reglamento de Dublín, que establece que el primer país europeo al que llega un solicitante de asilo es el que debe encargarse de tratar su solicitud. No obstante, Timmermans aseguró que «Dublín no funciona porque (al aplicarse) se deja solos con el problema a los países en primera línea. Ya no funciona (…), hay que compartir la carga».
Aunque continúe vigente, el reglamento de Dublín no se aplica en su totalidad desde hace años, como sucedió en 2015 cuando Alemania abrió sus fronteras a los migrantes que llegaban a Grecia desde las costas turcas. Otra de las disposiciones suspendidas es la expulsión de un solicitante de asilo hacia el primer país de la UE al que ingresó. Esto ocurre con Grecia desde 2011, luego de que la justicia europea considerara que las condiciones para acoger a los solicitantes de asilo no eran satisfactorias.
El mecanismo correctivo, que permitirá que los países más presionados, como Grecia e Italia, repartan la carga con sus socios comunitarios, será activado de forma automática cuando se rebase el 150 % de su capacidad de acogida, que será calculada en función de la población y del PIB (con un peso del 50 % cada uno). El excedente de refugiados que no pueda asumir el país con problemas se repartirá entre los demás Estados miembros también en función del PIB y de la población, aunque además se tendrá en cuenta el reasentamiento de refugiados desde países terceros que haya realizado cada país.
Finalmente, la CE sugirió que se refuerce el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para que sea la encargada de gestionar el proceso y establecer las claves de reparto.
