La agenda de la Asamblea Nacional dio un giro desde el pasado 16 de abril, tras el terremoto de 7,8 grados que sacudió al país. Desde ese momento, la acción legislativa se centró en apoyar a las víctimas. Por ello, la institución realizó la Ayudatón por la reconstrucción, que recaudó $ 568.068,23, que se destinarán a la edificación de viviendas para las familias de las zonas afectadas, en coordinación con las autoridades competentes. Sin embargo, en las diferentes comisiones de la Asamblea se apunta al fortalecimiento de leyes en favor de los damnificados. Por ejemplo, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados aprobó el jueves de la semana pasada el informe para segundo debate de la Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo, en la que se prioriza el control a las construcciones que hay en el país. Doris Soliz, secretaria ejecutiva de Alianza PAIS, señaló que esta normativa es una prioridad de la bancada.
En esta norma se plantea la creación de una Superintendencia de Ordenamiento Territorial que vigile tanto al Estado central, gobiernos locales, constructores, como a los ciudadanos; es decir, el cumplimiento pleno de las normas de ordenamiento territorial. Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, espera que la normativa entre a debate en el pleno hasta la próxima semana. Explicó que la ley propone la creación no solo de una superintendencia, sino, también, de un Consejo Técnico de Regulación. También estipula sanciones cuando los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre ellos los Municipios, no cumplan con los controles en las nuevas construcciones y a los asentamientos, que deben cumplir con los estándares mínimos. Las sanciones están distribuidas en leves, graves y muy graves, según Calderón, y parten desde el 10% de una remuneración básica unificada hasta los 100 salarios básicos.
El Consejo Técnico de Regulación estará integrado por los representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el Ministerio de Vivienda y los representantes de los municipios. Esta entidad emitirá permanentemente normas, regulaciones, así como parámetros técnicos a escala nacional para que sirvan de referencia para las construcciones que aprueben los cabildos del país. Además dispone el asesoramiento para que los GAD ejerzan la competencia del control del uso del suelo. Calderón informó que la Superintendencia se encargará de vigilar el cumplimiento de esos parámetros técnicos; es decir supervisar que los GAD cumplan con su tarea.
El legislador señaló que la mesa legislativa no fortaleció la norma precisamente por el terremoto, sino que ya se analizaban los riesgos que se tienen en el país (erupciones, inundaciones, alta informalidad en las edificaciones). Detalló que el expresidente de la Cámara de la Construcción señaló que más del 50% de las edificaciones de Quito es informal, además que hay déficit en servicios básicos como alcantarillado, agua potable, que faltan espacios verdes y la ciudad no crece de manera ordenada.
