El fiscal, en declaraciones reproducidas por el diario El Telégrafo en su web, dijo que las legislaciones ecuatoriana y panameña permiten la posibilidad de investigaciones conjuntas en casos específicos.
En este tipo de casos se busca que «donde hay información de presuntas actos ilegales cometidos en el Ecuador, a través de Panamá podamos investigarlos», agregó el fiscal Chiriboga, quien también fue mencionado en un caso de dichos papeles, aunque se ha defendido y justificado como el representante de una empresa creada en 1999.
Según Chiriboga, en un par de semanas visitará Panamá para conversar con Porcell sobre el escándalo de los paraísos fiscales abierto por una investigación ligada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington.
El anuncio de Chiriboga sobre su propuesta de investigación conjunta con la Fiscalía de Panamá se da en medio de denuncias del legislador oficialista Fausto Cayambe, quien afirmó que unos 280 ecuatorianos han movido unos 30.000 millones de dólares hacia «paraísos fiscales».
Cayambe entregó la semana pasada a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Parlamento) una investigación suya, con diversas fuentes, que apunta, entre otros, a políticos opositores en ese envío de dinero a paraísos fiscales.
El legislador calculó que la salida de capitales del país asciende al 29,85 por ciento del producto interior bruto (PIB) y dijo que el dinero sale por «fuga de capitales» y «fraudes financieros».
En 2014, indicó, 59 corporaciones, que agrupan a 154 sociedades con filiales «offshore», tuvieron ingresos por más de 28.000 millones de dólares, pero solo pagaron 609 millones en impuestos.
De su lado, el legislador opositor Luis Fernando Torres explicó que la apertura de empresas «offshore» no es, necesariamente, un delito, pero exigió que se abra una investigación a dos exfuncionarios del actual Gobierno señalados también por Cayambe.
