En declaraciones a la emisora local Radio Uruguay, Fardín indicó que la demanda obedece a que, a su juicio, la comuna incumplió su deber fiscalizador, ya que «quienes debieron hacer controles no lo hicieron en tiempo».
Además, señaló que luego de una asamblea con los 350 socios de la gremial, que se realizó la semana pasada, se aprobó por unanimidad presentar una demanda judicial contra la IM, ya que consideran que el Gobierno capitalino está permitiendo el servicio de transporte no regulado.
«Esta problemática de esta empresa -que pone en contacto a pasajeros con conductores a través de una aplicación móvil- que entendemos es ilegal, la venimos denunciando desde hace algunos meses, en este caso nadie puede decirnos que no lo advertimos debidamente», aseguró.
En concreto, Fardín detalló que la cifra de 300 millones de dólares se obtiene de la multiplicación de los 3.150 taxis de la gremial por los aproximadamente 100.000 dólares que pretenden recibir cada uno.
Sin embargo, aclaró que la asamblea de socios «aun está valorando» el tipo de demanda, aunque adelantó que la vía «más adecuada» podría ser la civil, y añadió que dada esta situación se abre la posibilidad de presentar un recurso de amparo.
No obstante, el dirigente enfatizó en que la empresa estadounidense de transporte de pasajeros «no es de tecnología» sino «una empresa de transporte», y añadió que los taxistas se encuentran «muy indignados» con «la pasividad» de las autoridades en resolver este tema.
«Entendemos que esta empresa viene a enfrentar a uruguayos con uruguayos por un mercado de transporte que no es lo suficientemente grande para permitirlo», aseveró.
«Y aunque lo fuese, debe ser repartido (el mercado) entre los que son regulados y regulares, los que pagan y tributan al país como deben y corresponde», continuó el secretario general.
Según indicó Fardín, al dejar que Uber opere sin pagar por las habilitaciones necesarias la IM incumple con la regulación del sector.
En ese contexto, el pasado mes de marzo la IM manifestó su rechazo al funcionamiento de Uber «por fuera» de las leyes departamentales (provinciales) y nacionales y expresó su voluntad de de «aportar» en la creación de una norma para regular aplicaciones informáticas que ofrecen servicios de transporte público.
Desde que Uber empezó a operar en Montevideo se han producido varios altercados entre taxistas y conductores privados que trabajan con la aplicación móvil.
Igualmente, en marzo el Gobierno uruguayo remitió un proyecto de ley al Parlamento para regular la actividad de empresas que se basan en la contratación de servicios a través de plataformas informáticas, como Uber o Airbnb, dado el recelo que han despertado en sus respectivos sectores en el país.
