Entre los bancos que aparecen en la base de datos del despacho panameño, accesibles al público desde el pasado 9 de mayo, se encuentran el centroamericano BAC, el venezolano Banesco, el chino Bank of China, el francés BNP Paribas o los panameños Unibank, Morgan & Morgan y FPT Bank, entre otros.
El nombre de todas esas entidades figura con diferentes «off shore» registradas en distintos paraísos fiscales por los abogados de Mossak Fonseca, alguna de ellas con el estatus de quebradas o extintas.
Ni la Superintendencia de Bancos ni la Asociación Bancaria respondieron a las preguntas de Efe sobre la implicación de bancos del parqué panameño en la base de datos de la firma.
Un portavoz del ente regulador, sin embargo, se limitó a decir que el asunto está en manos de Cancillería y Presidencia.
Tampoco accedieron a dar explicaciones la mayor parte de los bancos implicados, a excepción de Banesco.
Según dijeron a Efe fuentes de la entidad bancaria de capital venezolano, que lleva instalada en Panamá desde 2007, Mossack Fonseca utilizó su nombre comercial «sin su consentimiento, violando todas las leyes de propiedad intelectual y uso legítimo de la marca», para crear compañías en Seychelles, Islas Vírgenes Británicas y Bahamas, que llevan varios años inactivas.
Los responsables de la entidad explicaron que han denunciado la situación al Ministerio Público y a los entes reguladores de las entidades bancarias en Panamá, y mostraron su asombro y malestar porque se hubiera utilizado el nombre del banco sin autorización para crear esas sociedades.
Los papeles de Panamá afectan ya a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o exjefes de Estado y de Gobierno.
El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), la asociación que destapó el escándalo el pasado 3 de abril, puso este lunes a disposición del público la base de datos completa del bufete panameño especializado en gestión de patrimonios.
Se trata de 11,5 millones de documentos, con información sobre más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos de inversión, que los usuarios pueden consultar en la pagina web del grupo periodístico.
Nada más entrar en la base de datos, el ICIJ advierte que las sociedades «offshore» tienen «usos legítimos» y subraya que su intención no es acusar a las personas o compañías que aparecen en los documentos de haber incumplido la ley.
