El 14 de abril de 2015 se empezaban a conocer los problemas económicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ese día se aprobó la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que derogó la entrega obligatoria del 40 % del aporte estatal al Seguro Social para las pensiones jubilares. Según el Gobierno, este aporte no sería eliminado sino que en la normativa se señala que el Estado aportará no solo el 40 % sino el valor que la institución requiera.
Pero el malestar entre los afiliados y jubilados del IESS ya se empezaba a notar. Antes de aprobada la normativa se debatía la deuda que mantiene el Gobierno con el Instituto que estaba estimada en cerca de 1 800 millones de dólares pero que según el presidente Rafael Correa no existe, ya que está amparada en una ley de 2002 que se hizo, dijo, para perjudicar al Estado cuando se quería privatizar el Seguro Social.
Sin embargo, el pasado 5 de mayo la ministra de finanzas subrogante, Madeleine Abarca, manifestó que la deuda del Estado con el IESS asciende a 11 000 millones de dólares. No obstante, en un comunicado de la Cartera de Estado enviado más tarde, se confirmó que, «una vez revisada la información actualizada al 31 de marzo de este año, la deuda interna del Estado asciende a 13 863,4 millones de dólares, de los cuales 8 379,4 millones de dólares corresponden al saldo a las inversiones del IESS-Banco del IESS realizadas en el Estado».
El presidente del directorio del IESS, Richard Espinoza compartió lo dicho por el Primer Mandatario y dijo que el fondo de pensiones tiene superávit mientras que el fondo de salud tiene déficit. Esto se evidenció en noviembre de 2015 cuando las clínicas privadas reclamaron los pagos que el IESS les adeudaba que en ese entonces se calculaba era de 120 millones de dólares.
Aun así el Gobierno Nacional ha realizado algunas inversiones como el hospital del IESS en el sector de Los Ceibos, al norte de Guayaquil. La construcción, en la cual el gobierno invertirá más de 200 millones de dólares, está a cargo del consorcio chino-español NGH, conformado por las empresas Sinohydro y Puentes y se levanta en un terreno de 76 000 metros cuadrados que pertenecía al Club de Trabajadores del IESS. Correa aseguró que con todos los servicios, que convierten al de Ceibos en un mega hospital, se ahorrará el gasto que el IESS mantiene por derivaciones médicas a otras casas de salud.
Pero como ya se sabe, el terremoto del pasado 16 de abril fue un golpe para la economía, por lo que el Seguro implementó una serie de prestaciones en beneficio de los afiliados de las zonas afectadas que, según Espinoza, apuntan a dar tranquilidad en el aspecto económico en diversos casos como pérdida total o parcial, fallecimiento o discapacidad. Desde la fecha del terremoto, el Instituto ha recibido unos 1 700 reclamos, de los cuales unos 130 son por pérdida total de vivienda y el restante por afectaciones diversas.
El IESS ha planteado que en el proyecto de Ley de Solidaridad por las afectaciones del terremoto que se debate en la Asamblea Nacional se dé una tregua de pago por 60 días a los empleadores, quienes tienen un seguro voluntario y afiliados del Seguro Social Campesino. De esta forma, se podrá garantizar que estas personas mantengan sus prestaciones de salud, préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios, etcétera.
Los afiliados y la ciudadanía en general reciben información fragmentada sobre la realidad del IESS, lo que causa incertidumbre y preocupación. De ahí la necesidad de que los afiliados conozcan el cuadro completo de la realidad del Seguro.
