El presidente argentino, Mauricio Macri, oficializó hoy su veto a la ley para frenar los despidos por seis meses aprobada el jueves pasado por el Congreso e impulsada por la oposición, por considerar que congela empleos, mantiene en la informalidad a los trabajadores e incrementa la pobreza.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el mandatario criticó que la ley es «limitada» y no acompaña el contexto actual en el que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado «su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal» porque confían en la «nueva etapa» del país.
La ley vetada declara la emergencia laboral por 180 días, período durante el cual un empleador deberá pagar doble indemnización en caso de despedir a un trabajador.
La norma fue impulsada por el kirchnerista Frente para la Victoria y el también peronista Bloque Justicialista, con el apoyo de las centrales sindicales y de otros sectores de oposición, y con el rechazo del gobernante frente Cambiemos y del sector empresarial, que no comparten el argumento de la ola de despidos que la oposición dice que registra Argentina.
«El pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que el empleo no creció», agregó el mandatario.
Macri destacó las medidas tomadas por el Gobierno para reducir la carga fiscal y financiera a las pequeñas y medianas empresas, el aumento en un 0,4 % de los asalariados privados registrados en el primer trimestre del año, según el ministerio de Trabajo argentino, y la puesta en marcha de «mecanismos» destinados a proteger a las empresas «que están en dificultades».
En este sentido, hizo hincapié en que su Ejecutivo ha realizado una «inversión social» de más de 30.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) y ha logrado que los empresarios se comprometan a no reducir sus plantillas durante, al menos, los próximos tres meses.
Asimismo, recordó que la «prioridad» de su Gobierno es alcanzar la «pobreza cero» en el país y denunció que en 2010 y 2014 los «más altos referentes» del oficialismo de entonces -la oposición actual- se manifestaron «enfáticamente en contra» de la adopción de medidas de este tipo.
El decreto fue firmado también por el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Las normas argentinas establecen que, en caso de veto presidencial, el Congreso puede insistir en la aprobación de la ley.
Para ello, el proyecto debe ser confirmado por ambas cámaras del Parlamento, con el visto bueno de dos tercios de los integrantes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por 48 votos a favor (dos tercios de los miembros del Senado) y 16 en contra, mientras que en Diputados, de 257 integrantes y donde el balance de fuerzas está más repartido, la iniciativa recibió 147 votos a favor (menos de dos tercios del total de bancas), tres en contra y 90 abstenciones de Cambiemos.
